El chiringuito funcionaba bien hasta que a un empresario le llegó una carta. La misiva le hacía saber que tenía una deuda de casi 120.000 euros con la Seguridad Social por impago de las cuotas de sus trabajadores en 2007, 2008 y 2009. El problema es que la empresa estaba inactiva desde 2006. Tras las averiguaciones pertinentes, el Cuerpo Nacional de Policía detuvo ayer a un abogado gerundense acusado de contratar a 39 inmigrantes bajo el paraguas de la empresa. Les cobraba entre 1.200 y 1.500 euros.
El letrado y el propietario se conocían. Ambos compartían despacho y, hasta 2007, el detenido se ocupaba del papeleo de la empresa. Pero un día, el dueño de la compañía cerró. A partir de ese momento, afloraron las contrataciones supuestamente fraudulentas. En la actualidad constan 13 trabajadores dados de alta, a pesar de que la empresa está inactiva. Asociados a los contratos, la subdelegación de Gobierno ha recibido 21 solicitudes de permiso de residencia y trabajo.
Algunos de esos ciudadanos empleados supuestamente por el letrado han reconocido a los agentes que habían pagado entre 1.200 y 1.500 euros por el contrato. Incluso hay quienes desembolsaban cada mes 250 euros como cuota a la Seguridad Social.
El abogado se enfrenta a los delitos de falsificación de documentos, estafa, favorecer de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores. El hombre pasó ayer a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Girona y ha sido ya puesto en libertad.
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