Falsos funcionarios estafan a 600 personas prometiendo pisos de protección oficial y ayudas sociales

Los acusados son cuatro. Presuntamente estafaron a unas 600 personas, entre ellas incapacitados físicos, a las que prometían pisos de protección oficial, inversiones extraordinarias y hasta ayudas sociales. Supuestamente se apropiaron de más de tres millones de euros. El fiscal sostiene en su escrito de acusación, que ha sido entregado ahora en el juzgado, que los imputados se hacían pasar por funcionarios de la Generalitat, por notarios e, incluso, uno de ellos por juez, y pide ocho años de prisión y multa para cada uno, así como el pago de miles de euros de indemnización a los perjudicados.

Los acusados actuaron desde comienzos del 2004 hasta enero del 2007, cuando fueron descubiertos. Para captar a las víctimas utilizaban el sistema piramidal. Es decir, los engañados ponían en contacto con la trama a gente muy cercana, como familiares y conocidos. La trama se aprovechaba de personas que por razones económicas tenían dificultades para acceder a una vivienda y con pocos recursos. Para llevar a cabo su plan, según la acusación, Maria Roser M., que en realidad era administrativa en un colegio público, afirmaba falsamente que trabajaba en la Conselleria d'Habitatge de la Generalitat y que, de esta manera, podía tener acceso a pisos de protección oficial y adjudicarlos directamente a las personas interesadas, quienes, al creer dicha versión, entregaban cantidades de dinero a los imputados. Para dar credibilidad a la trama, las citas se celebraban en hoteles de alto nivel.

Una segunda forma de actuar por parte de esta red, según el fiscal, consistía en ofrecer "mendaces ayudas públicas", supuestamente de la Conselleria de Benestar Social, a personas que sufrían incapacidades físicas o mentales. Les hacían creer que a cambio de una entrega inicial de dinero recibirían las prestaciones prometidas, de unos 600 euros mensuales. Pero no solo eso, sino que los imputados también ofrecían la posibilidad de invertir elevadas sumas a intereses muy superiores a los del mercado. Las víctimas se quedaban a dos velas y sin dinero. Uno de los afectados, Marcos Lorenzo, un tetrapléjico de Barcelona, confesó a EL PERIÓDICO que a él le engañaron y entregó 49.700 euros bajo unas promesas que nunca se hicieron realidad, entre ellas unas ayudas para pagar un centro de rehabilitación o una asistenta.