Apropiación indebida, corrupción y manipulación contable, núcleos del fraude

La apropiación indebida de activos (28%), los sobornos y la corrupción (13%) y la manipulación contable (11%) representan los fraudes más repetidos en las empresas españolas, según muestra un estudio de PriceWaterhouseCoopers

En momentos de recesión económica como el actual, las motivaciones de determinados agentes para cometer fraudes se incrementan debido, fundamentalmente, a la exigencia por mantener el resultado económico de las compañías, así como la consecución de los objetivos previstos o establecidos.

Esta es la principal conclusión del Informe sobre delitos económicos y fraude empresarial en España, elaborado por PricewaterhouseCoopers, a partir de la encuesta global, realizada entre julio y noviembre de 2009, que contó con la participación de 54 países y más de 3.000 encuestados. Pese al aumento de acciones reguladoras y a los controles antifraude introducidos en los últimos años, el delito económico, en cualquiera de sus categorías, continua siendo una amenaza que afecta a las compañías.

El 53% de los encuestados declara que el número de delitos en España se ha incrementado respecto al año anterior, frente al 40% en Europa y al 43% a nivel global. El informe destaca que estos datos indican que existe una mayor correlación entre crisis económica y fraude en España que en el resto de países.

Aún así, los directivos españoles se muestran divididos ante este asunto ya que el 51% declara que dicha correlación es inexistente, mientras que el 49% afirma lo contrario. Las principales motivaciones a la hora de perpetrar un fraude económico en las compañías españolas son la voluntad de mantener, por parte del defraudador, su actual estilo de vida, la imitación de conductas irregulares por debilidades del entorno de control, o el enriquecimiento o la venganza a costa de su organización, entre otros muchos factores.

Las compañías españolas han padecido el mayor incremento en número de delitos económicos en los últimos 12 meses (53%) y, por contradictorio que parezca, los directivos afirman que desconocen el número de fraudes financieros en sus compañías: así lo declara un 24% en comparación con el 7% de sus homólogos europeos.

El 25% de los profesionales españoles desconoce la frecuencia con la que sus compañías han realizado evaluaciones de los riesgos de fraude en el último año. Y tan solo un 18% de los encuestados ha manifestado contar con una política de gestión del riesgo de fraude o haber llevado a cabo evaluaciones de estos riesgos en los últimos 12 meses. Por lo que se refiere a las herramientas más utilizadas para la detección del delito económico destacan significativamente las denuncias, tanto internas como externas, seguidas de la gestión de riesgos y la monitorización de transacciones sospechosas, y de la función de auditoría interna.

El estudio identifica tres hechos que elevan el riesgo del fraude. El primero de ellos es la disminución de los recursos humanos disponibles y su focalización hacia áreas “más relevantes”, lo cual conlleva una reducción de los recursos internos dedicados a la lucha contra el fraude. El segundo está relacionado con que la falta de recursos económicos implica una disminución de la inversión en el fortalecimiento de los controles y sistemas informáticos que permiten una temprana detección de irregularidades. Por último, la dificultad para el cumplimiento de los objetivos y la presión por resultados, así como la consecución de bonus o retribución variable,, también actúan como posible impulsores de casos de fraude o delitos económicos.

Cara factura

El coste medio en empresas nacionales de los casos de fraude detectados superó los 730.000 euros en los últimos doce meses, sin tener en cuenta los daños en su imagen o en la motivación de sus trabajadores. Éstas mismas empresas consideran que, a diferencia de los directivos europeos, los delitos en los últimos 12 meses les han impactado en su negocio de forma muy significativa. Esta diferencia se debe, principalmente, a que, en España, el perfil del defraudador pertenece habitualmente a la alta dirección mientras que en el caso europeo está asociado a mandos intermedios. Además, la mayor confidencialidad con la que se trata dichos asuntos en las empresas españolas provoca que, cuando se hace público, el impacto mediático sea superior al de las compañías europeas.

Como conclusión más relevante, la encuesta muestra que el fraude económico (en cualquiera de sus categorías: apropiación de activos, corrupción y manipulación contable, etc.) continúa siendo una amenaza que afecta a las compañías de todo el mundo, a pesar del aumento de acciones reguladoras y de los controles antifraude introducidos por las compañías en los últimos años. Es por esto que, en el actual contexto económico y ante el aumento de los casos de fraude detectados y su impacto, se hace aún más necesario invertir en medidas de prevención que minimicen los daños y eviten un aumento de la presencia de estos delitos en las compañías.

Para Javier López Andreo, director responsable de Forensic Services de PricewaterhouseCoopers, “los delitos económicos ocasionan variadas repercusiones, por un lado encontramos el perjuicio económico directo causado por el defraudador, y por otro lado se producen otros impactos económicos y sociales indirectos. De hecho, éstos últimos son si cabe los más graves y más difíciles de cuantificar ya que, según nuestro estudio, los participantes españoles consideran que el impacto de un delito económico en la imagen de sus compañías y en la motivación de sus empleados es altamente significativo y habitualmente, en mucha mayor medida que el importe defraudado.

Si los directivos españoles ignoran las amenazas reales que supone el fraude y descuidan las medidas preventivas y los controles anti-fraude en sus compañías los daños pueden ser muy significativos o incluso, a veces, irreversibles.”