sábado, junio 14, 2014
La Guardia Civil ha detenido a tres personas, e imputado a una
cuarta, por delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho y
tráfico de influencias cometidos desde el Catastro de Santa Cruz de
Tenerife, en el marco de la "operación Perceval".
Los arrestados son un funcionario de la Gerencia Territorial del
Catastro de Santa Cruz de Tenerife, un antiguo trabajador de una
notaría, y un gestor. La persona imputada es funcionaria de la citada
administración. Estas personas están acusadas de delitos de
prevaricación, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias.
Las detenciones comenzaron el pasado martes, cuando a primera hora de
la mañana agentes de paisano de la Guardia Civil, que viajaron desde
Madrid, se personaron en el Catastro tinerfeño con órdenes de registro y
procedieron a la detención del funcionario de esta administración.
Además, a la persona imputada le pidieron que abandonara su puesto de
trabajo y permaneciera localizada. Los agentes permanecieron durante
todo el día en las citadas oficinas.
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de
San Cristóbal de La Laguna, se venía desarrollando desde hace varios
meses.
Según explica la Guardia Civil, al parecer, los funcionarios de la
Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife, en acuerdo
con el que fuera trabajador de la notaría, procedían a la emisión de
resoluciones y certificaciones catastrales irregulares favoreciendo los
intereses de terceras personas.
Estos beneficiarios de las actividades ilícitas pagaban altas
cantidades de dinero para alterar la titularidad de parcelas, tanto de
personas vivas como recién fallecidas; modificar superficies y trazado
de las mismas, en muchos casos para obtener más terreno; inscribirlas
irregularmente en el Registro de la Propiedad, reducir impuestos de
bienes inmuebles a pagar, e, incluso, realizar trámites administrativos
que tardan entre seis meses y un año en un solo día, entre otras
acciones ilícitas.
Durante la investigación, se pudo determinar cómo algunas personas,
burlando los canales reglamentarios, conseguían certificaciones
catastrales sobre determinadas parcelas. Estos, contaban con la ayuda de
los ahora detenidos, que incumpliendo las normas esenciales del
procedimiento propio para este tipo de tramitaciones, falseaban las
bases de datos del Catastro y emitían las certificaciones con una nueva
realidad catastral, explica la Benemérita en un comunicado de prensa.
De forma posterior, dichas certificaciones eran incorporadas a
protocolos notariales, siendo utilizados, entre otras cosas, para
aportarlos al correspondiente Registro de la Propiedad y así inscribir
las parcelas de manera ilícita.
En cuanto al tipo de parcelas, fuentes de la Guardia Civil señalaron que la mayor parte eran fincas rurales.
Durante la operación los agentes realizaron cuatro entradas y
registros en domicilios de los detenidos y en dependencias de la
Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife.
La investigación, que está bajo secreto de sumario, continúa abierta,
ya que no se descartan nuevas imputaciones tanto a implicados como a
beneficiarios de estas actividades ilícitas.
La operación está siendo llevada a cabo por el Grupo de Delitos
Contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil y por la Unidad de Policía Judicial del mismo Cuerpo de
Santa Cruz de Tenerife, todo ello en estrecha colaboración con la
Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
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