La Guardia Civil
y Servicio Vigilancia Aduanera tienen en marcha una gran operación en
toda España contra nueve grupos criminales dedicados a adulterar el
gasóleo con la connivencia, en muchos casos, de gasolineras, en la que
se esperan más de un centenar de detenidos, muchos de ellos empresarios
relacionados con los hidrocarburos, y muchos pertenecientes a grupos
delictivos vinculados a otras modalidades de delincuencia organizada o
el tráfico de drogas. Fuentes de la investigación sitúan el monto del
fraude entre cinco y 12 millones de euros mensuales, aunque la agencia
Europa Press eleva la cantidad a 2.000 millones. Hasta las doce de la
mañana de este jueves, al menos 50 personas habían sido arrestadas en el
marco de la operación Nehar.
Gasolineras de distintas empresas —la Guardia Civil no ha facilitado
información de marcas— están supuestamente implicadas en este fraude,
que conlleva un supuesto riesgo para la mecánica de los automóviles. El
fraude consiste en la transformación de gasóleos B (a 0,9 euros el litro
de media en Madrid) y C (un euro el litro) —usados en maquinaria
agrícola y calefacción, así como en embarcaciones pesqueras—, en gasóleo
tipo A (1,29 euros el litro), empleado como combustible para coches y
camiones. Los gasóleos B y C, además, están bonificados fiscalmente, es
decir, que se paga por ellos una menor cantidad de impuestos especiales
(0,078 euros por litro) que por el A (0,307 euros por litro).
Los gasóleos más baratos —tintados de rojo para distinguirlos de los
caros— eran lavados con sustancias químicas para poder venderlos como la
modalidad más cara, lo que supone la adicción de sustancias químicas de
difícil eliminación en la combustión. El defraudador se embolsa la
diferencia: en un repostaje medio de gasóleo (50 litros) el beneficio
roza los 13 euros.
Además, los defraudadores engordaban el gasóleo, para conseguir más
cantidad, añadiéndole grasas, hidrocarburos más bastos o de peor
calidad, según fuentes de Vigilancia Aduanera. "Desde luego la calidad
no era la óptima", aseguran estas fuentes. El instituto armado está
convencido de que miles de automovilistas han quemado este combustible
en sus vehículos y de que esto ha supuesto perjuicios para los motores
de los automóviles, especialmente para los sistemas de inyección.
Según expertos en automoción, el empleo de gasóleo agrícola o de
calefacción en automóviles no entraña demasiados perjuicios para coches
antiguos. Sin embargo, el empleo de este tipo de combustible en los
coches modernos acaba causando daños en el sistema de inyección y en los
mecanismos electrónicos con que estos van equipados.
La investigación ha dejado al descubierto la existencia de nueve
tramas empresariales, perfectamente estructuradas, que se repartieron
durante años este negocio fraudulento fundamentalmente en Cataluña,
Andalucía, Madrid y Murcia, según fuentes próximas al caso.
La operación, en la que tiene un papel destacado el Grupo de Delitos
Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO), se está desarrollando
de manera coordinada en una treintena de provincias (afecta a once
comunidades autónomas), en las que se están practicando decenas de
registros en domicilios, gasolineras, depósitos, empresas de transporte
de combustible y en polígonos industriales donde se alteraba el
combustible.
La investigación fue iniciada hace unos dos años por Vigilancia
Aduanera, que se sorprendió por "la gran magnitud" del fraude, y no
tanto por la metodología, habitual en este tipo de delitos. Además del
fraude, los autores presuntamente han cometido numerosos delitos de
falsedad documental para justificar y ocultar la compra del gasóleo
bonificado que posteriormente, ya transformado y engordado, lo vendían
como A. Para ello, Hacienda ha llevado a los registros a expertos en
auditoría informática.
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