Han pasado apenas cuatro meses desde que el pasado 5 de junio entró
en vigor la nueva Ley del Juego, con la que el Gobierno esperaba poner
coto a las operadores ilegales y recaudar entre 140 y 160 millones de
euros al año. Desde entonces, un total de 55 empresas han obtenido la
licencia para poder operar en Internet dentro de la legalidad.
Es
el caso de Betfair, Electraworks España (Bwin), 888Spain, Betway Cirsa
Digital o Ebingo Online, que operan en todos los casos bajo un dominio
.es y con el sello de juego seguro, que garantiza que su actividad está
regulada, supervisada y controlada por la Dirección General de
Ordenación del Juego y cumplen con todos los requisitos de solvencia que
establece la Ley.
El problema, según denuncian en el sector, es que en la práctica
existen también decenas de operadores que siguen operando bajo el
dominio .com, de forma ilegal, con sedes ubicadas en muchos casos en
paraísos fiscales y sin pagar, por lo tanto, sus correspondientes impuestos en nuestro país.
Basta con entrar en la Red para poder jugar al póquer, hacer apuestas deportivas o acceder a un casino online desde un operador que muchas veces está instalado en Gibraltar o incluso en el Caribe.
Sistema de sanciones
La
ley establece un sistema de sanciones, que prevé multas de hasta 50
millones de euros y el cierre de las Web de las empresas que infrinjan
la normativa. Es por ello que, según han confirmado fuentes de Hacienda,
se está persiguiendo su actividad. "Las conductas que no respeten la
normativa se recibirán en la Dirección como denuncias y, lógicamente, se
dará una evaluación negativa a aquellos operadores que no cumplan",
explicó Enrique Alejo, el director general del Juego, cuando entró en
vigor la normativa.
A este respecto hay que recordar que en el mes de marzo, antes de la
entrada en vigor de la Ley, el Juzgado de lo Mercantil número 10 de
Madrid emitió un auto en el que se ratificaba el cierre de los portales
de juego online, miapuesta.com y miapuesta.es, propiedad de Sportingbet
(hoy en día con licencia para operar concedida), considerando que
"cualquier actividad de juego de azar y apuestas que no cuente con
previa autorización administrativa está, incuestionablemente,
prohibida".
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