miércoles, agosto 04, 2010
La Policía Nacional ha detenido a 123 personas vinculadas a una organización dedicada a concertar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y extranjeros en situación irregular por un precio que rondaba los 3.000 euros.
Entre los detenidos, en Catalunya, Madrid y Valencia, se encuentran un abogado responsable de una gestoría en Terrassa (Barcelona) y una funcionaria del Registro Civil de la localidad barcelonesa de Rubí, donde se hacían los trámites.
Los miembros de la organización cobraban esos 3.000 euros por facilitar los trámites a personas en situación irregular. Una vez formalizado el enlace, el Libro de Familia obtenido permitía al ciudadano en situación irregular acceder a la tarjeta de residente de familiar comunitario.
La investigación se inició en agosto del pasado año cuando agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Sabadell detectaron la presencia de un grupo de personas que, previo pago, posibilitaban la celebración de matrimonios fraudulentos entre personas españolas o nacionalizadas y extranjeros en situación irregular.
Para llevar a cabo estos enlaces se producían notorias irregularidades durante su tramitación, aportándose documentos falsos durante el proceso. Los responsables de la trama estaban motivados por la obtención de un importante beneficio patrimonial y los contrayentes buscaban la rápida regularización de su situación en España.
En la fase inicial de la investigación los agentes averiguaron que entre los implicados se encontraban un abogado, de origen colombiano, titular de una gestoría con oficinas en Terrassa y Madrid; varios de sus colaboradores; y una funcionaria del Registro Civil de Rubí. Además, fueron identificadas otras personas que desarrollaban labores de captación e intermediación entre futuros contrayentes y los cabecillas de la organización.
Los clientes eran captados por los colaboradores de la trama y puestos en contacto con la gestoría responsable del proceso. Tras el abono de una media de tres mil euros, se les entregaba el libro de familia facilitado por la funcionaria connivente del registro civil.
Estos enlaces se realizaban fundamentalmente entre ciudadanos españoles o nacionalizados con personas extranjeras que se encontraban en situación irregular. Con esta documentación en su poder, tramitaban la obtención de la tarjeta de residencia de familiar comunitario.
Una gestoría de Terrassa centralizaba las operaciones. Todos estos enlaces estaban siendo inscritos en el Registro Civil de la localidad de Rubí, confirmándose así la participación en los hechos de la trabajadora judicial. Consecuentemente, se coordinaron las actuaciones con el Juzgado de Instrucción número cuatro de esta localidad, que por su parte ya había iniciado diligencias por posibles actuaciones ilícitas de esta funcionaria y de otros implicados.
En primer término fueron arrestadas un total de diecinueve personas como presuntas autoras de delitos de falsedad documental, entre ellas los responsables de la trama y varios contrayentes. A medida que avanzaban las pesquisas, los agentes detectaron que parte de los contrayentes podrían encontrarse en Madrid y Valencia.
Para tramitar los enlaces se empleaban distintos tipos de falsedades documentales, variando entre falsificaciones o alteraciones del padrón municipal, tarjetas de residencia o libros de familia.
Con toda la información disponible, se solicitaron a la Subdelegación del Gobierno en Barcelona los expedientes de regularización tramitados como consecuencia de los matrimonios fraudulentos, con el fin de recabar toda la información posible y detectar los documentos falsificados que pudieran haberse utilizado en cada caso. El resultado de los análisis ha supuesto la detención de 104 personas más por falsedad documental.
La investigación ha sido realizada de manera conjunta por la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya, la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Comisaría de Sabadell. La operación policial continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
Los miembros de la organización cobraban esos 3.000 euros por facilitar los trámites a personas en situación irregular. Una vez formalizado el enlace, el Libro de Familia obtenido permitía al ciudadano en situación irregular acceder a la tarjeta de residente de familiar comunitario.
La investigación se inició en agosto del pasado año cuando agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Sabadell detectaron la presencia de un grupo de personas que, previo pago, posibilitaban la celebración de matrimonios fraudulentos entre personas españolas o nacionalizadas y extranjeros en situación irregular.
Para llevar a cabo estos enlaces se producían notorias irregularidades durante su tramitación, aportándose documentos falsos durante el proceso. Los responsables de la trama estaban motivados por la obtención de un importante beneficio patrimonial y los contrayentes buscaban la rápida regularización de su situación en España.
En la fase inicial de la investigación los agentes averiguaron que entre los implicados se encontraban un abogado, de origen colombiano, titular de una gestoría con oficinas en Terrassa y Madrid; varios de sus colaboradores; y una funcionaria del Registro Civil de Rubí. Además, fueron identificadas otras personas que desarrollaban labores de captación e intermediación entre futuros contrayentes y los cabecillas de la organización.
Los clientes eran captados por los colaboradores de la trama y puestos en contacto con la gestoría responsable del proceso. Tras el abono de una media de tres mil euros, se les entregaba el libro de familia facilitado por la funcionaria connivente del registro civil.
Estos enlaces se realizaban fundamentalmente entre ciudadanos españoles o nacionalizados con personas extranjeras que se encontraban en situación irregular. Con esta documentación en su poder, tramitaban la obtención de la tarjeta de residencia de familiar comunitario.
Una gestoría de Terrassa centralizaba las operaciones. Todos estos enlaces estaban siendo inscritos en el Registro Civil de la localidad de Rubí, confirmándose así la participación en los hechos de la trabajadora judicial. Consecuentemente, se coordinaron las actuaciones con el Juzgado de Instrucción número cuatro de esta localidad, que por su parte ya había iniciado diligencias por posibles actuaciones ilícitas de esta funcionaria y de otros implicados.
En primer término fueron arrestadas un total de diecinueve personas como presuntas autoras de delitos de falsedad documental, entre ellas los responsables de la trama y varios contrayentes. A medida que avanzaban las pesquisas, los agentes detectaron que parte de los contrayentes podrían encontrarse en Madrid y Valencia.
Para tramitar los enlaces se empleaban distintos tipos de falsedades documentales, variando entre falsificaciones o alteraciones del padrón municipal, tarjetas de residencia o libros de familia.
Con toda la información disponible, se solicitaron a la Subdelegación del Gobierno en Barcelona los expedientes de regularización tramitados como consecuencia de los matrimonios fraudulentos, con el fin de recabar toda la información posible y detectar los documentos falsificados que pudieran haberse utilizado en cada caso. El resultado de los análisis ha supuesto la detención de 104 personas más por falsedad documental.
La investigación ha sido realizada de manera conjunta por la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya, la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Comisaría de Sabadell. La operación policial continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
Posted in: inmigracion ilegal
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