La estafa de una financiera ha estado a punto de dejar a una mujer en la calle

Pilar no se separa de los papeles que le han devuelto la alegría. Llegan después de 8 años de sufrimiento. Es la petición del fiscal. Su infierno comenzó en 2005. Necesitaba 60.000 euros para comprar un piso y el banco no se los dio por un impago anterior. Una financiera se ofreció a pagar la deuda y buscar el dinero para la vivienda. Ya había pagado cerca de 90.000 euros cuando descubrió que su deuda no estaba anulada, es más, se había multiplicado por unos intereses desorbitados. 

Al poco tiempo le llegó la carta de desahucio. Estafada, desahuciada y con depresión, Pilar se quedó en paro y tuvo que recurrir a un alquiler social. El juicio podría restablecer su economía. El daño moral seguirá ahí.

La desesperación de Pilar Martínez tiene varias razones. Por un lado, una presunta estafa que está siendo investigada por la fiscalía de la que jamás se ha repuesto. Por otro, una demora judicial que la está arrastrando hacia una hecatombe mayor. Y, por último, unos exiguos ingresos en fase terminal que la abocan a ser desahuciada por segunda vez en tres años. Tal cúmulo de desdichas nace de una deuda menor en un banco y desemboca en un crédito fraudulento, una invalidez por depresión y casi ocho años de litigios que parecen no ver la luz. No, al menos, de forma inminente. Porque, el pasado mes de enero, el fiscal de instrucción número 3 de Catarroja solicitó penas de prisión de hasta siete años para los presuntos estafadores y el desembolso de una cantidad de dinero que cubra este tiempo de abismo.

Aún falta la decisión final. Hasta que llegue la sentencia, todo va agravándose. Mucho más de lo que parecía en su momento, cuando algo menos de 3.000 euros amenazaban a esta valenciana de 56 años con ser incluida en una lista de morosos del BBVA. El temor llevó a Pilar a contactar, en noviembre de 2005, con Finanziamar, una sociedad mercantil, ahora inexistente, que le ofreció resolver cómodamente el brete. Pero, pasado un tiempo, José Gamero y Vicente Sebastián, socios de la gestora, le aseguraron que la deuda con el banco había crecido hasta los 11.000 euros debido a los intereses. De esta forma, comenzaron a solicitarle importes periódicos en torno a los 2.500 euros para, según decían, solventar los apuros de Pilar.

No lo hicieron solos. José Gamero recurrió a su pareja sentimental, María Olaya Domínguez, y a su madre, Pilar Ceamanos Porras, para enredar aún más los trámites. De los cuatro, tres contaban con antecedentes penales por delito de estafa o apropiación indebida. También contaban con Vicenta Almarche, única acusada que mantiene número de teléfono pero se niega a declarar y que poseía antecedentes por apropiación indebida. Entre todos ellos crearon una red cuya actividad, según expone el fiscal, “hacía que Pilar se encontrara más forzada a continuar las gestiones, ya que no le pagaban el dinero entregado”.

Así continuaron hasta enero de 2006. “Yo no controlaba nada”, lamenta intranquila Pilar. “Cada vez se inventaban algo para que les pagara más”, señala. A principios de ese año, la financiera cerró las negociaciones con el banco sin llegar a ninguna solución y sin devolverle nada a Pilar, que también estaba metida en la adquisición de un piso de 96.000 euros en su barrio, El Cabanyal. “Me han dejado sin dinero, sin piso y, lo que es peor, sin salud”, confiesa entre sollozos.

Las deudas más la hipoteca, fueron generando una bola de nieve gigante. Y el préstamo, que en principio parecía un saco sin fondo se transformó en un “crédito puente”. Con esta nueva formulación, los presuntos estafadores le ofrecieron recapitalizar el dinero con un crédito de 65.000 euros destinados tanto a la vivienda, de la que le faltaban 60.000 por abonar, como a cancelar la deuda con el BBVA. Una práctica habitual en los años de burbuja inmobiliaria que pretendía la apropiación de inmuebles por su valor al alza.

Metida en un callejón sin salida, Pilar refrendó el acuerdo con Lago de Luna SL, otro caballo de Troya que albergaba a Jorge José Medina, un conocido de los acusados. Antes de formalizar el préstamo en el notario, los proveedores del dinero le dijeron a Pilar que “firmara sin mirar nada” porque “estaba todo correcto”.

No fue así. En realidad, esta madre de tres hijos estaba aceptando un crédito de 65.000 euros que a un interés del 41% se convirtieron en los cinco primeros meses en una deuda de 110.000, con el inmueble de 60 metros cuadrados como aval. No se dio cuenta hasta que recibió una carta donde se indicaba la cuantía total y, entonces, llamó inmediatamente a José Gamero para preguntarle al respecto. “Tonta de mierda, ¿tú crees que el dinero sale de los árboles?”, fue la respuesta recibida, de modo que Pilar colgó y decidió poner una denuncia.

“No podía más”, relata. Pero la rueda ya estaba en marcha. La deuda, además, incluía unos intereses al 29% durante los dos años siguientes y 33.000 euros de costas. Semejante cantidad (unos 200.000 euros) sumada a lo que Pilar había ido ingresando regularmente (otros 25.750) tumbaron las esperanzas de esta ocasional limpiadora a domicilio. Pronto le llegó la carta del desahucio. En mayo de 2008 su casa se subastó por 188.000 euros al único postor: el dueño de la inmobiliaria Lago de Luna. Así canceló la deuda acumulada, pero no pasó página.

Vivió allí hasta 2010. Tras el desalojo se metió en un piso de la sociedad municipal Aumsa. Recurrió a una grabación con cámara oculta de un programa de Ràdio Televisió Valenciana (RTTV) que ahora el juez acepta como prueba. En ella, José Gamero reconoce que ella solo percibió 65.000 euros de los 110.000 y que el resto era de intereses. Los acusados por delito de estafa se enfrentan a penas de entre tres y siete años de cárcel y a responsabilidades civiles que devuelvan el derroche económico al que se sometió Pilar. Ninguno atiende a los números de teléfono que utilizaban en sus empresas. “Las conclusiones coinciden con nuestra denuncia”, asevera Ana Gómez, abogada de Pilar, “y hay indicios para que sean condenados”. También se les exigen 36.000 euros por “daños morales”.

Esos perjuicios son los que más acusa ahora Pilar. Sospecha que, tal como le ha dicho la abogada, los imputados se declararán insolventes y se quedará sin nada.