El lado oscuro de borrar tu pasado 'online': "Esto está lleno de estafadores y piratas

21 de septiembre de 2015. Un político entra en contacto con una empresa española especializada en 'derecho al olvido' y 'eliminación del pasado' en internet. ¿La razón? Apenas cuatro semanas antes, el grupo 'hacker' The Impact Team robaba la base de datos de la web de citas Ashley Madison y difundía en la 'deep web' la lista de sus 32 millones de usuarios. Este político español estaba en ella.

El político está muy nervioso y enfadado, pero no solo porque sus datos estén al descubierto, sino también por otro motivo: "Me han estafado ya dos empresas", relata a otra de ellas. "Me decían que iban a borrar el 100% de lo que había salido sobre mí y no han hecho nada, pero me han cobrado 9.000 euros entre las dos". La empresa le explica que en el caso concreto de Ashley Madison, poco o nada se puede hacer y que las otras dos empresas le han engañado.

Este tipo de casos no suelen conocerse, ya que ningún afectado se atreve a denunciarlos, pero son mucho más frecuentes de lo que parece. Las empresas españolas de derecho al olvido son unánimes: "En los últimos años esto se ha llenado de estafadores y piratas". Hemos hablado con varias de ellas. Todas coinciden en señalar un amplio catálogo de malas prácticas de otros competidores que "engañan a los clientes y les cobran una millonada, pero no les solucionan nada".

"Les cobran un dineral... y no borran nada"

A Samuel Parra, jurista especializado en protección de datos y socio de ePrivacidad, le han pasado cosas muy similares a las descritas al principio de este reportaje: "Nos llegan clientes que vienen rebotados y cabreados porque, antes de venir a nosotros, han ido a otras empresas que les han estafado: les han dicho que les borrarían el 100% de la información, les han mentido y no les han devuelto el dinero. Esto está lleno de empresas que estafan a la gente".

Los casos no son aislados: "Nos pasa muchísimo, raro es el mes que no nos llega alguien así. Hemos tenido políticos, empresarios, deportistas de primer nivel... Y a todos les han cobrado cantidades muy altas: 3.000, 6.000, 10.000 euros...".

Hay políticos, empresarios y deportistas a los que les han cobrado hasta 10.000 euros

La clave del supuesto engaño, asegura Parra, está en las condiciones pactadas: "En el contrato que firmaron pone en grande que si no borran todos los datos les devuelven el dinero, pero luego ves cláusulas a las que sabes que se van a agarrar para no hacerlo. Ahí ya sabes que no van a dar el servicio que prometieron".

Para Samuel Parra, el procedimiento de este tipo de empresas suele ser el mismo: "Cuando hay alguna filtración de datos de famosos, como pasó con Ashley Madison, lanzan comunicados inventándose cifras de supuestos afectados que ya han contratado sus servicios, y con esos comunicados consiguen más clientes. Lo tenemos medido: unos siete u ocho meses después, esas personas acuden a sitios serios porque se sienten estafadas".

"Mandan 'emails' amenazantes"

Este tipo de empresas, según el testimonio de las personas consultadas, suelen emplear diferentes métodos a la hora de dirigirse a la web que alberga un contenido que quieren que sea eliminado: "Si se trata de un periódico serio y la información es cierta, va a ser difícil", asegura Parra. "Pero hay veces en que se trata de un foro o de un blog, y ahí la práctica suele ser mandar un 'email' amenazante para asustar al responsable. En los 'emails' invocan leyes que suenan bien —pero no son aplicables—, meten artículos de otras que no sirven... Intentan asustar al autor del contenido para que lo borre".

Si la táctica anterior no funciona, el siguiente paso es el más delicado, según el socio de una empresa española que prefiere mantenerse anónimo: "Hay algunas que directamente le ofrecen dinero al autor de la web para que borre el contenido. Total, luego le suben esa cantidad al cliente y ya está".

Pagar por borrar una noticia es una trampa: se borrará... pero luego saldrá otra más grave

Samuel Parra asegura no haber vivido nunca de cerca dichos pagos, pero sí situaciones muy similares: "Algunos medios de Hispanoamérica nos han dicho que, si queremos que borren un contenido, tenemos que hacer 'como otras empresas españolas' y pagarles. Esto es una trampa. Lo que les decimos a nuestros clientes es que, si pagan, la noticia será eliminada... pero dentro de un tiempo saldrá otra más grave y pedirán más dinero".

Para Selva Orejón, directora de onBranding, lo peor de esto muchas veces radica en el precio: "A mí me han llegado a presupuestar hasta 3.000 euros por mandar un 'email' a una página web para retirar un contenido. Mandar un 'email' no cuesta 3.000 euros, pero ni de broma".

Contenido que desaparece... y vuelve a aparecer

Los expertos consultados van más allá en sus críticas: aseguran que, según su experiencia y la de sus propios clientes, a menudo ciertas empresas se encargan de borrar un contenido... pero también de crearlo.

"Hay muchas de estas", nos cuenta Samuel Parra, "así consiguen cobrar más dinero a los clientes. Pueden haber cobrado por borrar el contenido y, un tiempo después, serán ellas mismas las que vuelvan a crearlo. Y como el cliente tuvo éxito la primera vez con ellos, volverá a contratarlos".

Pueden cobrar por borrar el contenido y, un tiempo después, volverán a crearlo

El procedimiento, asegura Parra, puede variar: "En ocasiones, son simples blogs en los que se hace lo mismo: hay un contenido, se consigue borrar y luego vuelve a salir. Por lo general, estas empresas no crean el primer contenido que se publica, pero sí los siguientes".

Selva Orejón también ha vivido estas prácticas: "Nos han llegado clientes a los que se les estaba borrando el contenido y, durante ese proceso, les han aparecido nuevos comentarios o artículos en webs, digamos, de dudosa autoría".

La desventaja: "Clientes así nunca denuncian"

Según Samuel Parra, este tipo de prácticas sobrevive gracias a un factor esencial: las características de los clientes. "Son personas de un perfil muy delicado, con relevancia pública y con un contenido que quieren eliminar. Todo lo que sea hacer más ruido les perjudica".

Es por eso que "nunca denuncian, por muy engañados o estafados que se sientan. Saben que si lo hacen puede ser aún peor: empezaron queriendo borrar algo de internet para que no se hablase de ellos, con lo que una denuncia tendría el efecto contrario". Además, "saben que no les conviene llevarse mal con una empresa que, si sabe hacer que un contenido baje posiciones en Google, también podrá hacer que vuelva a subir", asegura.

Son clientes delicados y con relevancia pública; hacer más ruido les perjudicaría

En cualquier caso, "no se puede decir que todas las empresas sean así. Es aconsejable que, cuando alguien acuda a estas compañías, mire cuánto tiempo llevan y quién está detrás. Muchas de las organizaciones pirata duran poco tiempo, desaparecen cuando la cosa deja de salirles rentable o cuando ya han pegado un buen 'pelotazo".

El asunto pinta complicado: un contenido comprometido, un cliente que quiere hacer el menor ruido posible y un porcentaje de empresas que, sin ser mayoritario, consigue que todo el trabajo en torno al llamado 'derecho al olvido' se envuelva dentro de una polvareda llena de dudas y de clientes que, aseguran, se sienten engañados.

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Gigantes filipinos de las apuestas explotan los amaños de Segunda B y Tercera División

Ganancias de 500.000 euros en partidos sin público, cotizaciones al alza en amistosos fantasma, despidos fulminantes de jugadores y resultados incomprensibles. El fútbol modesto huele a podrido, más de lo soportable, y la peste viene siempre del mismo sitio. El último escándalo de los amaños para apuestas ilegales lo ha protagonizado el CD Eldense, pero el fenómeno es masivo en Segunda B y Tercera División. Fue necesaria una goleada por 12-0 para descubrir que una red vinculada a la mafia calabresa, la peligrosa 'Ndrangheta', había conseguido infiltrarse en dos equipos de la categoría de bronce: el Jumilla y el propio Eldense. Otras organizaciones criminales asentadas en España siguen obteniendo beneficios millonarios con mayor discreción. Los partidos se juegan aquí pero los pelotazos se pagan en Asia.

El 'boom' de las apuestas deportivas comenzó hace una década con la eclosión de los operadores virtuales. El Gobierno no las reguló hasta 2012. Desde entonces, solo las compañías con licencia, que deben utilizar la extensión.es, pueden aceptar a jugadores de territorio nacional. Están obligadas a declarar las ganancias y a comunicar a las autoridades movimientos sospechosos de dinero. Pero esos controles son superficiales. En la práctica, es casi imposible detectar si una misma persona ha apostado 100.000 euros por un resultado. Solo tiene que dividir ese importe entre diferentes operadores.

Lo cierto es que no hay que salir de España para amasar una fortuna con apuestas ilegales. La Guardia Civil desmanteló el pasado diciembre en la llamada operación Futures un grupo de amaños en el que estas participaban seis tenistas semiprofesionales. Los detenidos ganaron 500.000 euros apostando con un operador que se anuncia en televisión y tiene licencia española, Bet365.es. Los pagos se realizaban a través de Paypal y los miembros se coordinaban en foros privados de Twitter.

Una de las web de apuestas implicada.

Pero donde realmente se mueve el dinero de los amaños es en casas de apuestas asiáticas sin licencia de España. “En teoría, un español no puede apostar en operadores con extensión '.com', pero los que se dedican a esto saben que es suficiente con conseguir una dirección IP de otro país para poder registrarse. Y eso es algo que sabe hacer hasta un niño de tres años”, explica Francesco Baranca, secretario general de Federbet, una organización sin ánimo de lucro que lleva años luchando contra las mafias de las apuestas. Sus investigaciones han originado tres grandes operaciones contra grupos de amaños en Italia, entre ellas, la operación Dirty Soccer de mayo de 2015, en la que fue detenido el exjugador y exdirector deportivo Ércole Di Nicola, el inversor que se esconde tras el episodio del Eldense.

Asia no solo ofrece más opacidad a los apostadores ilegales. También garantiza mayores ganancias. En el continente operan decenas de plataformas que aceptan ingresos sin límite. Su colaboración con las autoridades es nula, además. Ni comunican la identidad de los apostadores ni tampoco las cuentas bancarias que éstos utilizan para mover el dinero. Desde cualquier parte del mundo se puede realizar una apuesta en Asia con fondos de origen desconocido y devolver luego las ganancias a la más absoluta oscuridad. “Las mafias que actúan en España lo saben. Su uso está completamente extendido, aunque el gran público no las conoce”, explica Baranca.

La web IBCBET.

Las tres más utilizadas por los grupos de Europa, también por los que actúan en España, son m88Bet.com, ibcbet.com y sbobet.com. Todas ellas tienen sus oficinas en una zona franca de la provincia filipina de Cagayán, situada al norte de la isla de Luzón, un diminuto espacio que se ha convertido en uno de los paraísos mundiales del juego 'online' y, en paralelo, del blanqueo de capitales. Un exempleado de la FIFA ya advirtió en 2013 de que esos operadores estaban siendo utilizados masivamente para lavar dinero de la delincuencia organizada. La alarma provocó que el Gobierno de Filipinas regulara el sector en 2016, pero solo adoptó medidas cosméticas que no han alterado al crecimiento exponencial del negocio.

La más grande de las tres plataformas es Ibcbet.com, una auténtica multinacional del juego con filiales y agentes por todo el mundo que facilitan la ocultación de la identidad de los inversores. La televisión estadounidense Espn informó en 2015 de que solo esa casa de apuestas movía unos 50.000 millones al año. Su principal accionista, el malayo Wei Seng “Paul” Phua, fue jefe de una organización mafiosa china o triada con sede en Hong Kong, la 14K. El FBI lo detuvo en Las Vegas en 2014 por juego ilegal y tráfico de información. Se hacía pasar por un simple jugador de póker, pero está considerado el rey mundial del juego.

Por su parte, m88bet.com asegura en su web que dispone de una plantilla a 350 profesionales que supervisan al mes 3.000 eventos en directo, entre ellos, partidos de fútbol de España. La tercera compañía es sbobet.com, que además de la licencia de Filipinas, también dispone de una autorización del paraíso fiscal de la isla de Man para poder operar legalmente en algunos países de Europa. Afirma que ofrece apuestas en 1.500 eventos deportivos a la semana. Aunque no tiene autorización para operar en España, la página está disponible en castellano.

Los organismos de control no tienen acceso al volumen de dinero que se mueve en esas plataformas pero detectan cambios inexplicables

Los organismos de control no tienen acceso al volumen de dinero que mueven estas tres plataformas, pero pueden detectar cambios inexplicables en sus cotizaciones que trasladan automáticamente a las autoridades deportivas de Europa. “Los amaños se descubren cuando se producen cambios bruscos en un evento o cuando baja la cuota de un resultado aparentemente inverosímil”, explica un experto en apuestas que prefiere permanecer en el anonimato. “Ahí es cuando nos damos cuenta de que está pasando algo extraño”, explica este especialista, que admite la facilidad con la que se puede apostar desde España en esos operadores. “No solo se puede cambiar la dirección IP. También se pueden pagar las apuestas con tarjetas de otras personas o entidades”.

Aprovecha para desmontar un mito. Asegura que los amaños se centran en el número de goles, en quién los mete y en cuándo. Lo de apostar por el número de córners o saques de banda no se hace nunca. Quizá pequeños grupos. Las verdaderas mafias alteran los resultados. En el caso del CD Eldense, la manipulación implicaba que se marcaran 12 goles. Probablemente, suponga un récord histórico en el mundo de los amaños.

Las organizaciones criminales también están utilizando otros mecanismos para elevar sus ganancias. “Si apuestan mucho dinero antes de los partidos, se caen las cotizaciones y puede llegar a suspenderse el evento por las sospechas de amaño”, explica el secretario general de Federbet. “Lo que hemos detectado es que esperan a que el partido haya comenzado para realizar la apuesta”. Eso es lo que habría ocurrido también en el partido del Eldense con el Barça B. El equipo alicantino no comenzó a encajar hasta el minuto ocho del encuentro. A partir de ese momento, recibió 12 goles de forma casi consecutiva. Los investigadores de la Policía Nacional sospechan que alguien hizo una señal a la plantilla desde la banda para avisar de que su boleto había sido admitido. Baranca explica que “los grupos más sofisticados esperan incluso al descanso de los partidos para registrar su apuesta”. “Como quedan pocos minutos para que termine el encuentro, la cotización está más alta y pueden conseguir más beneficios con menos dinero”, despertando al mismo tiempo menos sospechas. En el caso del Eldense, se estima que las ganancias pudieron llegar a 500.000 euros.

Entrenamiento del Eldense. (EFE)

La infiltración del crimen en España es inquietante, sobre todo, porque nadie actúa para vigilar lo que está ocurriendo en los campos más modestos. Jugadores de Segunda B y Tercera División con nóminas ridículas o directamente sin sueldo se han convertido en presas fáciles de los grupos criminales. A eso hay que sumar que el organismo encargado de vigilar esas competiciones, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha optado por mirar hacia otro lado. Solo se ha implicado en el fenómeno la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), que organiza la Primera y Segunda División. También fue la primera en reaccionar al caso del Eldense, aunque pertenezca a otra categoría. La RFEF anunció tres días más tarde una investigación de oficio para cubrir el expediente.

La semana pasada, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, firmó un acuerdo de colaboración para luchar contra los amaños con JDigital, la asociación que agrupa a los principales operadores con licencia de España. LaLiga firmó hace tiempo un acuerdo similar con Federbet que ya ha dado grandes resultados. En 2014, esta organización advirtió de que se estaban produciendo movimientos sospechosos en las cotizaciones de un partido amistoso entre la Ponferradina y el Freamunde portugués. El problema era que el encuentro ni siquiera estaba programado y, por supuesto, nunca llegó a jugarse. Se descubrió que un directivo italiano del Freamunde se había inventado un partido con niños de 12 años para simular un encuentro real con el equipo de León. Ganó en las casas de Filipinas más de un millón de euros.

El escándalo del CD Eldense ha provocado un terremoto, pero la luz roja se enciende todos los fines de semana, aunque no siempre trascienda. El Loja CD, que milita en el Grupo IX de Tercera División, dio la baja a cuatro jugadores el 7 de marzo ante las sospechas de que habían amañado un partido de liga contra el CD El Palo. Y el pasado septiembre, la Fiscalía de Extremadura abrió una investigación contra cuatro equipos por presuntas apuestas ilegales en la Copa Federación de la comunidad. Los encuentros se jugaron en agosto y afectan a los clubes Fuente de Cantos, Don Benito, Jerez y Badajoz. Este jueves, saltaron las alarmas en otro encuentro de Tercera División. El partido se jugó en España pero había muchos ojos pendientes de lo que ocurría con las casas de apuestas de Asia.

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Las estafas millonarias con los números 118 siguen 'vivas'

En el 2002, la Administración española decidió seguir las recomendaciones elaboradas por el comité ECTRA (European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs) cinco años atrás: asignó el código 118 a los servicios de consulta telefónica y abrió la puerta a la competencia en un nicho de mercado que antes copaba por entero el extinto 1003 de Telefónica.

En el 2002, la Administración española decidió seguir las recomendaciones elaboradas por el comité ECTRA (European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs) cinco años atrás: asignó el código 118 a los servicios de consulta telefónica y abrió la puerta a la competencia en un nicho de mercado que antes copaba por entero el extinto 1003.

Aunque a partir de entonces el número de empresas que solicitaban una de estas numeraciones fue aumentando —en 2008 eran 65 y en 2010 subían a 74—, la cifra ha disminuido en los últimos años. A finales del 2016, las entidades inscritas en el registro de la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) sumaban 53 y a día de hoy existen 51 entradas.

El análisis publicado por la CNMC a principios de año deja bastante claro que todo el mercado parece desmoronarse ante el poder de Google y una omnipresente internet. Según el informe, el tráfico de los 118AB ha caído en picado de 137 millones de minutos en 2007 a 17 millones en 2015. El declive se ha traducido en una reducción del 79% en los ingresos que proporcionaron durante la pasada década.

Sin embargo, hay quien continúa ganando dinero con ellos a costa de abusar de los pocos que continúan descolgando el teléfono para marcar los cinco dígitos. El año pasado, nueve operadores se llevaron una multa por "mal uso de la numeración", en algunos casos, como ya se había registrado en otras ocasiones, por desviar las llamadas a servicios eróticos o tarots que subían (aún más) el desorbitante precio de las llamadas. Alai Operador de Telecomunicaciones (11862) y Líneas de Red Inteligente (11815) se enfrentaban a las sanciones más cuantiosas, de 50.000 euros cada una.

"La CNMC actúa tras recibir una denuncia sobre algún comportamiento fraudulento", explican a Teknautas desde el organismo regulador. Después, "se incoa un expediente sancionador, se realizan inspecciones para determinar si las empresas incumplen la normativa sobre numeración 118 y, finalmente, se toma una decisión al respecto".

El número de números 118AB asignados a operadores ha descendido desde el 2013 (CNMC)

Todos los 118AB sancionados en 2016 registraban un gran número de llamadas de duración superior a 20 minutos, períodos extrañamente largos teniendo en cuenta que un minuto de consulta puede costar desde un mínimo de 1,88 euros hasta un máximo de casi 12 euros, dependiendo del operador. Un precio fijado libremente que, según la normativa, las empresas no podrán aplicar sin antes suministrar una locución de ocho segundos al usuario donde le avisen de la tarifa.

Además, el informe de la CNMC revela que, debido a estas prácticas ilícitas, las empresas podrían haberse embolsado "varios millones de euros" anuales. Sospechosamente, los documentos de tramitación también revelaron la existencia de "vinculaciones societarias entre empresas prestadoras de servicios de consulta telefónica y algunas prestadoras de servicios de tarificación adicional" que la comisión no encuentra "contrarias a derecho".

Cualquier persona jurídica o física puede solicitar un número 118 si se ha constituido como operador y ha comunicado sus intenciones a la CNMC

Pero precisamente en esas relaciones empresariales se sustenta muchas veces su jugoso modelo de negocio: "Consiste en retribuir a prestadores de servicios de tarificación adicional [a los que se procesan las llamadas de los 118AB] a través de contratos celebrados con los operadores asignatarios de los números 118AB o a través de las vinculaciones societarias existentes entre ellos", detallan desde el organismo regulador.

Las empresas tampoco tienen que cumplir requisitos muy exigentes para obtener la numeración. Cualquier tipo de persona jurídica o física puede solicitar un número 118AB si previamente se ha constituido como operador y comunica a la CNMC su intención de prestar el servicio. Si además quiere conectar al usuario emisor de la llamada con su destino, debe inscribirse en el registro de operadores "para la prestación del servicio telefónico disponible al público".

Páginas Amarillas es dueña del célebre 11888.

Algunas de las entidades siguen dando el servicio para complementar otros canales de atención al cliente, tanto telefónicos como digitales. Es el caso de Páginas Amarillas, a quien pertenece el famoso 11888. Aunque desde la empresa admiten que la cantidad de consultas recibidas y el volumen de trabajadores dedicados a atenderlas han disminuido, sostienen que los míticos ‘pelochos’ siguen siendo útiles.

La CNMC propone cambios normativos

En el caso de existir denuncias, "no está reglado cuándo ni cuántas inspecciones han de realizarse y hay un relevante factor sorpresa que hay que preservar", señalan desde la comisión. Normalmente realizan llamadas telefónicas destinadas a constatar que la compañía atiende las consultas correctamente. En cuanto a los castigos, más allá de las multas, las infracciones muy graves pueden acarrear una inhabilitación de hasta cinco años o incluso el cese inmediato, pero solo en situaciones extremadamente graves.

Sin embargo, pese a las sanciones, las quejas de los usuarios que encuentran cobros injustificados en sus facturas continúan multiplicándose. Entre mayo y julio de 2016, la CNMC registró casi una veintena de reclamaciones de asociaciones de consumidores y usuarios, del Defensor del Pueblo o de particulares por la excesiva facturación de las llamadas. Actualmente, la comisión investiga a otras cuatro empresas por posible uso indebido de la numeración.

Entre mayo y julio de 2016, la CNMC registró casi una veintena de reclamaciones por la excesiva facturación de las llamadas

Si "el coste de la llamada a un 118AB es en muchos casos superior al de un número de tarificación adicional", dicen desde la CNMC, "¿por qué no considerarlos como tales?".

Para evitar más infracciones y molestias a usuarios, el organismo propone al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital cambiar las ventajosas condiciones que rodean a los servicios de consulta telefónica y redefinirlos como números de tarificación adicional (aquellos con prefijos como el 905 o el 803). La normativa establece para estos últimos una duración máxima de la llamada y medidas, entre otras cosas, para proteger a los menores.

De no aceptarse la recomendación, la comisión plantea alternativas como prohibir a los 118AB derivar las llamadas a servicios de tarot o con contenidos para adultos y reconocer el derecho de los usuarios a la desconexión del servicio.

Desde FACUA dan algunas indicaciones para evitar timos. Aconsejan no fiarse de las líneas de consulta de información que se anuncian en internet como teléfonos para pedir cita previa en organismos oficiales (para renovar el DNI o pasar la ITV, por ejemplo) ni de los números de atención al cliente que utilizan un prefijo 118.

Facua aconseja no fiarse de las líneas que se anuncian como teléfonos para pedir cita previa ni de ninguno que cuente con el prefijo 118

Por su parte, en la OCU advierten sobre la "progresión de la llamada" que ofrecen algunos de estos números. Se prestan a pasar al usuario con la línea que solicita durante la misma llamada, de manera que seguirán cobrándole el mismo precio, "con lo que una llamada que en principio va a ser corta se puede alargar durante muchos minutos" con un resultado "catastrófico para el bolsillo del consumidor". A la espera de los cambios normativos, solo queda tomar precauciones y estar atentos a este tipo de situaciones sospechosas.

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España se llena de ‘comandos desokupa’: "Se ha metido mucha gente y es un descontrol"

Un rápido vistazo al portal milanuncios.com permite dar con este servicio: "Si tienes problemas de okupas, llámanos, nos encargamos de todo, pisos, casas, chalés. Si no sabes cómo echarlos, no lo dudes, consulta sin compromiso”. Así se publicita Carlos, cuyo negocio "crece cada mes" y trata de hacerle la competencia a Desokupa en su misma ciudad, Barcelona. "Comenzamos hace casi un año. Nosotros no somos ni guerrilleros ni boxeadores, somos gente normal que nos dedicamos a negociar de tú a tú con el okupa, sin llegar a la intimidación. Se le hace entender que está haciendo algo ilegal y se le ofrecen por ejemplo2.000 o 3.000 euros, según el caso y la capacidad que nos dé el propietario", explica. "A veces tocas a la puerta y te sale una señora mayor, ahí ya derivamos el caso a los abogados, pero otras te sale un tipo con un cuchillo o una pistola".

Miembros de Desokupa, empresa pionera en el sector, durante un operativo. (Ladirecta.cat)

Hay 'desocupadores' que montan un control de acceso a la vivienda, al estilo Desokupa, y otros que no, que se basan en la insistencia y su poder de persuasión. El grupo de Carlos es de los segundos. "Yo no soy partidario de poner en una puerta a tres rusos expertos en guerrilla, esto no es Afganistán, no puedes ir intimidando a la gente. Claro que en tu equipo tienes que tener personas fuertes, que den una imagen, pero que ante todo sean respetuosas", prosigue. Este grupo barcelonés alternativo a Desokupa cuenta con 10 colaboradores y dos abogados. Ha pasado de recibir entre 10 y 15 llamadas al mes en sus inicios a entre 10 y 15 cada día.

"Yo no soy partidario de poner en una puerta a tres rusos expertos en guerrilla, esto no es Afganistán", opina uno de los emprendedores

Aunque la mayoría de ofertas corre a cargo de autónomos, también se han constituido empresas dedicadas en exclusiva a la desocupación. Una de ellas es Eviction, también en Barcelona. Tiene en nómina a cinco empleados y cuenta con una bolsa de 10 colaboradores según el volumen de trabajo. Igual que Desokupa, cuenta con una página web atractiva y profesional. "Eviction es una compañía especializada en recuperación de viviendas ocupadas. Ofrecemos servicios profesionales para ayudar a particulares o empresas a recuperar sus propiedades", reza la página, con un estilo similar al de un bufete de abogados.

Página web de Eviction, una empresa constituida para desalojar viviendas ocupadas.

"Ofrecemos dos servicios distintos, según sea una ocupación violenta en la que han tirado la puerta abajo o un contrato de alquiler expirado en el que ya no se pagan las rentas", explica Andrés Ruiz, director comercial de Eviction. La sociedad se fundó en enero al calor de la demanda de propietarios desesperados con la lentitud de la Justicia, y en solo tres meses ya recibe "entre cinco y 10 llamadas al día y muchos correos con preguntas".

Ruiz confirma que sus servicios sí incluyen el control de acceso a la propiedad. "Claro que nuestro personal está fuerte, pero debe de estarlo por su integridad, para evitar que un okupa violento les agreda. Nosotros somos comerciales antes que culturistas. Si el dueño contrata el control de acceso, ponemos en la puerta a uno o dos vigilantes de seguridad titulados". Y aclara: "No es lo mismo un piso ocupado por una mafia que busca una recompensa que uno ocupado por una familia con niños que no puede pagar el alquiler. En ese caso, nosotros lo derivamos a nuestros asesores jurídicos y tratamos de buscar un acuerdo económico, de ayudarles por ejemplo pagando varios meses de alquiler en otro sitio. Pero si son mafias, o chavales de 25 años que han pegado una patada a la puerta para hacer la gracia, o para meter un cultivo de marihuana o un prostíbulo, ahí sí usamos todas las herramientas legales a nuestro alcance".

Interior del polémico inmueble del 'banc expropiat' en Barcelona. (EFE)

Si bien Barcelona es el epicentro del negocio de la 'desocupación', en Andalucía también prolifera el servicio. Aquí un anuncio: "¿Tiene una vivienda tomada por okupas? ¿Está harto de buscar soluciones y seguir perdiendo dinero mes a mes? Control Service es una empresa de seguridad y mediación para recuperar su inmueble". Luis es el encargado. Profesional de la seguridad privada, se inició en este sector hace cuatro meses. Vive en Sevilla pero actúa en todo el país. Asegura que no trabaja "ni para bancos ni para especuladores", y es de los que sí ofrecen el control de acceso en la puerta del inmueble.

"Cada caso es distinto, pero siempre se empieza recabando toda la información posible sobre quién ocupa la vivienda. Puede ser un piso en el centro de Sevilla o un chalé a pie de playa. Si hay ancianos o menores, directamente no acepto el encargo. Pero en muchos casos se trata de mafias que realquilan la vivienda, o de gente que tiene su trabajo pero es okupa por comodidad, porque sabe que van a pasar dos o tres años hasta que un juez ordene el desalojo. En esto he descubierto que hay gente con mucha cara que se aprovecha de lo mal que funciona la Justicia", relata.

"En muchos casos se trata de mafias que realquilan la vivienda, o de gente con trabajo que es okupa por comodidad", revela Control Service

Los operativos de Control Service suelen ser "discretos, de entre dos y tres personas. Y nunca en plan violento o agresivo. Les comunico que están en una propiedad privada de forma ilegal, se negocia con dinero, instalas el control de acceso si es necesario y a partir de ahí avanzas. Si no hay muchos problemas, en tres días está solucionado".

Okupas retiran sus enseres de una casa al norte de Londres. (EFE)

Luis afirma que la desocupación no es su principal negocio, sino un añadido a su actividad de escolta personal. Y avisa: "Esto se ha convertido para algunos en la gallina de los huevos de oro, pero no es así. Se ha metido mucha gente y es un descontrol. Algunos son unos brutos que se van a cargar el negocio en cuanto la policía ponga orden o saquen una ley. Por ahora funciona por el vacío legal, pero yo no le doy a esto más de tres o cuatro meses".

Para evitar ese extremo, el portavoz de Eviction subraya la necesidad de que el negocio recaiga en empresas registradas. "La gente prefiere que todo sea legal, porque si ya les da miedo ir a hablar con un okupa, mucho más les dará contratar a matones. Nosotros ofrecemos esa confianza y respondemos de todo". Todos los grupos entrevistados por este diario aseguran que respetan la ley, que no amedrentan y menos aún agreden. La realidad, amparada por algunas denuncias, es que sí andan sueltos comandos que bordean el matonismo.

"Algunos son unos brutos que se van a cargar el negocio. A esto no le doy más de tres o cuatro meses", advierte Luis, que opera en Andalucía

Otra diferencia: algunos trabajan sin problemas para inmobiliarias y otros solo con particulares. Es el caso de David, líder del grupo Luchemos por lo nuestro, que emplea a siete personas (tres de ellos vigilantes de seguridad) en la provincia de Barcelona y recibe "unas 60 llamadas cada día". "Nosotros no trabajamos con inmobiliarias porque es un problema. Te piden por ejemplo que desalojes un edificio de renta antigua en el centro de Barcelona, donde hay familias con problemas muy graves, y ahí no queremos entrar. Nosotros solo trabajamos para particulares y hasta la fecha nos va muy bien así".

Enfrentamiento entre simpatizantes de la okupación y Mossos en el 'banc expropiat' de Barcelona. (EFE)

Lo mismo ocurre con el control de acceso en la puerta. David, como Carlos, no utiliza esa herramienta: "Lo único que ganas con ese sistema es llevarte una hostia, porque tú a ellos no los puedes tocar si no quieres que te denuncien. Nos han llamado propietarios que, antes de nosotros, habían contratado a otra gente que terminó enfrentada a la policía. Las cosas hay que hacerlas bien, porque a base de gente que no para de cagarla vamos a pagar las consecuencias los que respetamos la legalidad", advierte.

"A base de gente que no para de cagarla vamos a pagar las consecuencias los que respetamos la legalidad", se quejan en Luchemos por lo nuestro

Luchemos por lo nuestro comenzó su andadura hace un año, pero ha sido en estos últimos meses cuando ha despegado. "Al principio las pasamos canutas. Costaba mucho hacer un desalojo con éxito. Recuerdo lo que nos costó al principio sacar a un grupo de okupas rumanos de una vivienda. Pero hemos aprendido mucho y somos muy efectivos. En breve, vamos a lanzar nuestra página web para que la gente nos conozca mejor", indica David.

Variantes en este negocio incipiente hay muchas. Como la de Miguel, pionero en recuperar viviendas en Málaga y Granada. Su anunciopromete resultados en una semana. "Yo soy comercial, nada que ver con boxeadores. Mi trabajo se basa en insistir y en convencer a los inquilinos de su ilegalidad. Cuando hay éxito, el dueño me paga un 15% del presupuesto". Miguel, comercial de profesión, se sorprende aún del perfil de los okupas a los que se enfrenta. "Cuando comenzamos hace nueve meses, pensé que trataría con inmigrantes, pero la mayoría son españoles, de entre 30 y 40 años, gente que tiene un trabajo y ve que le sale bien lo de no pagar el alquiler".

"Es muy sencillo. Te pones delante de la puerta y tienen que ir saliendo uno a uno", asegura Pau, que ofrece sus servicios en Mallorca

Algunos, como Pau en Palma de Mallorca, se conforman por ahora con un operativo al mes. Aunque el rendimiento, asegura, es altísimo. "Lo vi en un programa de televisión, lo probamos y funcionó. Es muy sencillo. Te pones delante de la puerta y tienen que ir saliendo uno a uno. Si el dueño te da un presupuesto, lo puedes usar para negociar también. Más que por internet, funcionamos por recomendaciones de clientes que han visto que funciona y les pasan el contacto a conocidos".

Uno de los operativos de Desokupa en Barcelona. (Desokupa)

Franquicias y 'alarmas Desokupa'

¿Y qué opinan los creadores del modelo, los que lo han lanzado a la fama e inspirado a la mayoría de estos comandos? "Nosotros estamos tranquilos con la competencia, pero eso sí: que cada uno se haga responsable de lo que hace. Porque hace poco nos pasó que un grupo de chapuceros amedrentaron a una familia con seis menores, les cortaron la luz, el agua, les putearon todo lo que pudieron. Apareció la policía y dijeron que eran de Desokupa. Eso nos está pasando en más sitios, gente que se aprovecha de nuestra marca", se queja Daniel Esteve, director de la empresa líder en este peculiar sector.

"Pero no estoy preocupado", prosigue. "Desokupa es la única empresa que hace las cosas bien, nuestro modelo es único por mucho que nos salgan imitadores. Tenemos 90 llamadas al día, 5.000 visitas a nuestra página web y ni una sola denuncia. Inspectores de la Policía Nacional me han dicho que el día que la caguemos, me detendrán. Y es normal, la policía no quiere que esto se convierta en el lejano oeste. Por eso, vamos a ser nosotros mismos quienes les metamos una denuncia a nuestros imitadores si lo hacen mal".

Daniel Esteve, fundador de Desokupa, en una imagen de archivo. (D. B.)

Desokupa es ya una de las 'startups' más exitosas (y polémicas) del país. Tiene 36 peticiones de franquicia en toda España con ocho ya aprobadas, entre ellas en Ibiza y L’Hospitalet. "El requisito es que sea gente del sector, y yo me encargo de formar a los equipos. Les pedimos un aval bancario y les avisamos de que a la que cometan una negligencia o haya una denuncia probada, pierden el aval y les retiramos la marca", avanza Esteve. Y no solo eso. Desokupa ha llegado a un acuerdo con una compañía de alarmas para lanzar la ‘alarma antiokupa’, "una alarma muy barata, a 99 euros, en la que si entran okupas en la vivienda, nosotros te hacemos el desalojo de forma gratuita. Y estamos trabajando ya en el ‘seguro Desokupa’ para la tranquilidad de todos los propietarios que lo deseen".

"Nosotros mismos les meteremos una denuncia a nuestros imitadores si lo hacen mal", advierten desde Desokupa

Esteve, que ya lidera operativos por toda España, confiesa que ha desocupado pisos propiedad "de policías y hasta de un juez", y confía en la absoluta legalidad de su formato de negocio. Es más, desde que su marca ha saltado a periódicos y televisiones nacionales, el trabajo se ha vuelto más sencillo para ellos y más barato para el cliente. "De cada 10 casos, ya solo montamos control de acceso en uno, porque los okupas ya nos conocen y saben que no tienen nada que hacer. Llegamos a un acuerdo para pagarles la mudanza, les damos 300 euros y a correr". Es más, el líder de Desokupa insiste en la necesidad social de su servicio vista la inoperancia de la Justicia, ya que, asegura, "el 85% de las ocupaciones que trabajamos no son familias sin recursos, sino gente que tira la puerta abajo para luego pedir una recompensa al propietario".

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