Un crédito rápido, poco pan para hoy, mucha hambre para mañana

Como ya hemos anticipado en este blog de forma reiterada, el asunto de los micropréstamos está alcanzando una dimensión inmoral, que ha llamado la atención de Facua. Mas vale tarde que nunca. 

La ley de la selva se cumple también en la sociedad: cuando aparecen personas necesitadas, crecen los depredadores. En España, tres de cada 10 familias no llega habitualmente a fin de mes y cinco de cada diez ha pasado apuros en alguna ocasión, según la última encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Otro dato: 3,5 millones de parados no cobra ni prestación ni subsidio, según la EPA. En este ecosistema, han surgido especialistas en créditos rápidos y fáciles, pero con veneno.

Cuando alguien tiene necesidad de dinero, puede encontrarse con cuatro tipos de ofertas: créditos al consumo (con una media aproximada del 13% de tasa anual equivalente o TAE), tarjetas de crédito (hasta el 27%), créditos rápidos (a 3.500% TAE) y microcréditos (4.500% TAE). Estos dos últimos solo se diferencian por la cuantía; los microcréditos ofrecen un máximo de 600 euros.

La Asociación de Usuarios de Banco y Cajas (Adicae), ha presentado un estudio con más de 40 abusos en comercialización, publicidad y venta de estos créditos. En las próximas semanas lo denunciará a la Comisión de Competencia, la Agencia Estatal de Consumo y el Defensor del Pueblo.

Facua-Consumidores en Acción ha detectado intereses “de hasta el 4.500% TAE en un estudio realizado sobre las web de créditos rápidos para préstamos de pequeña cuantía a devolver en un mes”. Tomando como referencia un préstamo de 300 euros a devolver en 30 días, “en las ocho entidades incluidas en el estudio los intereses oscilan entre el 1.269,7% de Vivus.es y el 4.507% de la entidad Préstamo10”.

“Son tipos absolutamente desproporcionados, de usura, sobre todo en ocho entidades: Préstamo10, Twinero, sucredito.es, ¡Qué bueno!, Ok Money, creditomovil.es, Ferratum y Vivus.es (ver cuadro). En los próximos días interpondremos denuncias contra ellos”, afirman en Facua. EL PAÍS se puso en contacto con Préstamo10, Vivus y Twinero, pero los tres declinaron responder a las preguntas.

Como regla general, los créditos se encarecen a medida que baja la solvencia del solicitante y en proporción a los menores requisitos que se exigen. Esto prueba que los prestamistas no exigen propiedades (o no comprueban lo declarado) porque no les importa que el deudor no pague al principio. Están convencidos de que lo hará más tarde y con unos intereses estratosféricos.

En España se puede prestar sin estar regulado por el Banco de España, al contrario que si se captan depósitos. La legislación establece que estas empresas (en muchos casos solo son páginas web radicadas en pequeños pisos de Madrid o Barcelona), deben estar registradas en la Subdirección General de Calidad y Cooperación en Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad.

“La inscripción en el Registro se formaliza mediante solicitud que deberá ir acompañada de la acreditación del cumplimiento de los requisitos legales, una memoria explicativa de la actividad, póliza del seguro de responsabilidad civil y un folleto informativo sobre precios máximos de los servicios que aplicará y las operaciones y servicios que prestan”, señalan en Sanidad. Sin embargo, la capacidad sancionadora, en caso de abusos, está en manos de las Comunidades Autónomas, lo que dificulta su control.

Las asociaciones de consumidores preparan demandas por abusos y publicidad engañosa

Las asociaciones de consumidores coinciden en señalar que la legislación sobre los prestamistas es ambigua, lo que ha facilitado que crezcan los abusos en la crisis ante las necesidades económicas de los ciudadanos, la falta de transparencia con la que trabajan y el afán consumista de la sociedad. “No se realizan controles ni se aplican sanciones contundentes”, acusa Facua.

Y en este entorno han crecido estas empresas que cobran unos intereses que, según recuerdan Facua y Adicae, “superan con creces el 24,6% de interés declarado usurario por el Tribunal Supremo en una sentencia del 25 de noviembre pasado. El caso era un crédito de una tarjeta revolving”. Se denomina revolving a los créditos preconcedidos por una cantidad limitada.

Para Adicae la sentencia “es importante porque, aunque no crea jurisprudencia, confirma que el Supremo antepone la protección al consumidor y su riesgo de sobreendeudamiento ante el que asume la entidad al conceder de forma irresponsable créditos a intereses desproporcionados”. Sanidad no se pronuncia sobre si estos tipos son abusivos o usureros: “Eso lo deben determinar los tribunales de Justicia”.

Cetelem o Cofidis están en otra liga, aunque también ofrecen créditos rápidos al 17,75% y 24,51% TAE respectivamente, si prestan 4.000 euros en 12 cuotas, según Facua. “Nos regula el Banco de España, la publicidad está controlada, rechazamos ocho de cada diez peticiones por falta de solvencia y ofrecemos créditos a largo plazo. Somos otro tipo de empresa frente a esas web que en realidad solo ofrecen aplazamientos de pago. Nosotros competimos con las tarjetas de consumo de los grandes bancos”, recuerda Carolina de la Calzada, directora de Marketing de Cofidis.

La compleja regulación de este negocio (tres leyes, de 2007, de 2009, de 2011 y una directiva de la UE) no facilita las reclamaciones. Para Adicae, falta lo más importante: trasponer la directiva de sistemas de resolución extrajudicial de conflictos en consumo, que no ha sido adaptada por este Gobierno. “En un país como España donde ni las reclamaciones ante el Banco de España y la CNMV son vinculantes, la vía extrajudicial puede ser un buen camino para acortar los procesos de abusos en este sector”, dice Adicae. A río revuelto, ganan los usureros.

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Omarcux le estafó en un préstamo de 15.000 euros

Tiene 68 años y este miércoles ha afrontado el sexto intento de desahucio porque no ha terminado de pagar un préstamo que pidió para comprarse un audífono y pagar deudas en 2004. Francisco García se ha enfrentado este miércoles al sexto intento de desahuciojunto a su hija, Loli, su marido, y casi 100 vecinos que les han acompañado. Este jubilado de Javalí Nuevo (pedanía de Murcia con 3.283 habitantes) pidió 15.000 euros a una empresa especializada en préstamos rápidos para comprar el aparato y pagar unas deudas. Cinco años después comenzó un calvario en el que la empresa que le adelantó el dinero le ha reclamado su vivienda y la de su hija, una y otra vez, para compensar los gastos del impago. Finalmente, el intento de hoy, se ha aplazado.

Francisco García, de 68 años, pidió 15.000 euros a un prestamista para comprarse un audífono y pagar unas deudas. Ahora le reclaman su casa. 

Loli García y Antonio Ortega viven en una casa conjunta a la de Francisco con tres hijos de 23, 19 y 11 años. "Les intentamos mantener al margen, para que no vivan esto", asegura Ortega. "Los dos mayores están muy nerviosos", apunta este extrabajador de la empresa cárnica El Pozo. Ahora solo sobreviven con los 900 euros que él cobra del paro, que se le acabará el próximo mes. Después, le quedará el subsidio de 426 euros.

El contrato que Francisco García firmó en 2004 tenía una cláusula en la que si se producía el impago de una cuota, le solicitarían los avales: las escrituras de su casa. En 2009, tras retrasarse en el pago "unos días", según asegura su yerno, García se acercó personalmente a la oficina de los prestamistas para hacer el pago en metálico. Juan Inglés Rojo, uno de los socios de Omarcux, la empresa de prestamistas, no lo aceptó. El prestamista le exigía 100.000 euros por ese retraso.

Ante el primer impago, el prestamista le sugirió que pidiera otro crédito con la nómina de su yerno, Antonio Ortega para pagar la deuda. En principio, García estaba dispuesto a ello, pero el prestamista no le cogió el teléfono a partir de entonces o aseguraba estar ocupado. El tiempo pasó y la empresa cambió de nombre. Actualmente les reclaman en torno a 200.000 euros. Al no poder pagarlos y tener las escrituras de sus viviendas como aval, ya han intentado sacarles de su casa, a padre e hija, seis veces. García interpuso en mayo de 2014 una denuncia contra Omarcux por estafa en el juzgado de instrucción número 5 de Murcia. La demanda fue aceptada a trámite dos meses después.

Juan Inglés Rojo, socio de Omarcux, y Miguel Latorre, propietario de la empresa, ya fueron acusados en 2013 de delitos de escrituras falsas, estafa y apropiación por un grupo de inversores. Inglés estuvo en prisión provisional y Latorre esquivo esta medida tras pagar una fianza, según recogieron entonces La opinión de Murcia y otros medios locales.

El desahucio, programado para las nueve y media de la mañana de este miércoles, finalmente, ha sido paralizado. Medio centenar de vecinos, con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, han pasado la noche con la familia. "El siguiente paso es que la demanda tenga prioridad y se paralice todo hasta que se resuelva de manera definitiva el juicio", asegura Sandra Martínez, portavoz de la plataforma.

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Oferta de préstamos fraudulentos

Resulta muy habitual recibir correos ofreciendo préstamos fabulosos a un bajo tipo de interés, donde no importa el historial crediticio. Todos estos anuncios son falsos, sólo pretender estafarte, ya que para conseguir el préstamo, primero les has de enviar un pago a cuenta, esa es la estafa. Cuidado ya que tus datos pueden ser utilizados para cometer otras actividades delictivas. Por tanto eres mas pobre que cuando empezaste, y ademas puedes ir a la cárcel.

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Cae una red de estafadores que ofertaba préstamos falso

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo de estafadores que ofertaban falsos préstamos mediante anuncios publicitarios en prensa. En la operación han sido detenidas cinco personas que, haciéndose pasar por trabajadores de bancos extranjeros, se aprovechaban del estado de necesidad económica de personas que por su situación financiera no podían recurrir a los cauces de financiación habituales. 

Captaban la atención de sus potenciales víctimas con unas condiciones muy ventajosas pero, para "liberalizar" supuestamente los fondos del préstamo, era necesario el pago de numerosas tasas que los perjudicados debían abonar por transferencia o giros postales sin llegar a recibir después el importe del préstamo. Los arrestados operaban en la Región de Murcia, Málaga y Barcelona.

En noviembre de 2013 una mujer presentó en una Comisaría de Distrito de la capital de Murcia una denuncia en la que manifestaba haber solicitado un préstamo hipotecario a través de un anuncio publicado en un periódico de la Región. Los trámites del supuesto préstamo los había realizado vía telefónica y fax y para hacerlo efectivo debía ingresar diversos importes a través de giros postales y pasarelas informáticas de transferencias de fondos, todo ello en concepto de gastos notariales, tasas y legalización de papeles. La denunciante no llegó a recibir ningún abono en su cuenta corriente por el préstamo solicitado.

Anuncios en prensa para ofertar los préstamos

Los agentes iniciaron así una investigación que les llevó a localizar varios anuncios publicitarios en periódicos locales y regionales de toda España, contratados por parte del grupo presuntamente responsable del fraude. En ellos ofrecían préstamos a un tipo de interés muy atractivo a la vez que decían trabajar para una entidad financiera internacional dedicada a la concesión de empréstitos.

Los interesados debían contactar con los supuestos prestamistas siempre por vía telefónica, intercambiando documentación por fax o email. Posteriormente uno de los integrantes de la banda informaba a sus víctimas de que el préstamo le había sido concedido y que debían hacerles llegar entre 300 y 500 euros en concepto de gastos de notaría. Seguidamente el estafador iba solicitando nuevos pagos al objeto de "liberalizar" supuestamente los fondos del préstamo que se hallan en un banco extranjero, falsificando a su vez documentos de entidades bancarias.

Para contratar las distintas publicaciones de sus anuncios, los delincuentes usaban documentación falsificada, proporcionando en cada periódico una identidad diferente. El pago de estos servicios de publicidad lo realizaban desde cajeros automáticos de la localidad malagueña de Fuengirola. Por las declaraciones de las víctimas se tuvo conocimiento de que distintas personas, todas ellas con acento extranjero, se hacían pasar por miembros de distintas entidades bancarias internacionales con objeto de motivarlas a realizar nuevos pagos de tasas.

En una fase final, la estafa se consumó con la recogida por parte de personas de la organización criminal de los fondos que las distintas víctimas habían transferido o hecho llegar por giros postales a distintos puntos de Barcelona y Málaga, e incluso al extranjero.

Cinco detenidos y dos registros

Numerosas pesquisas policiales permitieron localizar a los miembros de la organización, unos en España y otros en el extranjero, así como identificar a una gran cantidad de perjudicados. Las víctimas se encontraban en una asfixiante situación económica y no podían recurrir a los cauces de financiación habitual a través de bancos y cajas de ahorro.

Una vez que se contaba con todos los datos operativos se puso en marcha un dispositivo policial en las ciudades de Mijas (Málaga), Manresa (Barcelona) y Tarragona, que permitió la detención de los principales miembros del grupo organizado: cuatro personas de nacionalidad nigeriana y un ciudadano español, con edades comprendidas entre los 21 y los 46 años.

Asimismo se llevaron a cabo dos registros domiciliarios, uno en Mijas y otro en Manresa, en los que se intervino gran cantidad de elementos de prueba: quince teléfonos móviles, veinticinco tarjetas telefónicas utilizadas para contactar con las víctimas, material informático, documentación bancaria y resguardos de envío de dinero procedente de la estafa, guías de venta y formularios manuscritos donde se recoge qué es lo que se debe decir telefónicamente a las víctimas potenciales.

En la operación han intervenido agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de la Región de Murcia, del Grupo II de Fraudes Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y del Grupo de Fraudes I de la Comisaría Provincial de Málaga.

Típico anuncio falso que ofrece préstamos

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Mi coche por un préstamo rápido

La desesperación por conseguir dinero y la falta de crédito pueden empujarle a empeñar su coche. Algunas empresas se aprovechan de ello y ofrecen préstamos rápidos con la posibilidad de seguir usando el vehículo. La tendencia prolifera en distintas ciudades españolas, en las que es fácil ver los carteles que prometen cosas como: “Préstamos avalados por tu vehículo, y sigue circulando con él”. Debajo, la web y el número de teléfono.

En la mayoría de los casos, lo que se firma es un contrato de venta con opción de recompra. Y con posibilidad de seguir usando el coche, pero pagando un alquiler cuyo monto se suma a la devolución del préstamo inicial. El método, dice Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), evita explicitar que se puede llegar a pagar mucho más dinero del recibido. Y, si no, se pierde el coche. La práctica era desconocida hace cinco años: “Ha surgido al hilo de la precariedad y la desesperación”, afirma García.

Los intereses del acuerdo pueden llegar al 150%, como ocurrió en el caso de R. R. “Simplemente necesitaba el dinero. Hoy vas a un banco y no te dan ni la hora”, ilustra este autónomo por teléfono desde Málaga. Cuando vio un anuncio a finales de 2013 creyó hallar la ayuda que necesitaba. “Me lo valoraron en 10.000 euros y me ofrecieron 4.000 de préstamo. Me dijeron que lo pagaría con 500 euros al mes durante un año”, explica. Cuando se sentó a firmar, el comercial de la empresa le dijo que era un contrato de compraventa, pero que no se llevaría a efecto. “Firmé varios papeles. En ese momento, lo que estás deseando es coger el dinero para resolver un montón de problemas”. Entregó una copia de las llaves y los documentos originales del coche, y se quedó con una fotocopia.

“Firmé. Necesitaba el dinero”, dice un cliente que ha perdido su coche

Pagó tres meses (1.500 euros), y, agobiado por su situación económica, pidió retrasar el resto dos meses más. Solo entonces la empresa le comunicó que lo que estaba pagando era un alquiler. Además de los 500 euros mensuales durante todo el año (6.000 en total), tenía que devolverles los 4.000 iniciales. Un interés del 150%, a efectos prácticos. Tras un par de semanas sin pagar, el coche desapareció de la urbanización donde vive. Cree que la empresa lo ha vendido por 9.000 euros en su tienda de Málaga. Denunció el pasado mes de junio y ahora espera a que el juez tramite el caso.

“Nuestros clientes tienen dos perfiles principales: personas de clase baja con coches baratos, que piden unos 600 euros, y empresas con coches caros que necesitan liquidez rápidamente. Estos pueden traerlos de hasta 150.000 euros”, explica Daniel Rico, director comercial de Flexicar, con base en Alcobendas (Madrid). Si el cliente no paga, la empresa se queda con el automóvil. “Entre el 25% y el 30% de ellos lo pierden. Unas 30 personas al mes vienen a empeñan su coche y lo alquilan, y otros 40 ó 50 lo venden o lo empeñan dejándolo en depósito”.

Muchas de las webs prometen el dinero en 24 horas, y no hay que presentar más garantías de solvencia económica más allá de la propiedad del coche, que es considerado el aval de la operación. Es más fácil obtener este dinero si el vehículo ya está pagado. ¿Y el seguro? “En principio lo paga usted, porque es anual”, contesta el comercial de una empresa. “Si le caduca mientras tiene un contrato con nosotros, le hacemos uno nuevo con una empresa de seguros colaboradora”, explica un vendedor de otra compañía. “En ese caso, los 15 euros mensuales del seguro se le añaden a la cuota de alquiler”.

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Flexicar, establecimiento de empeño de coches en Alcobendas (Madrid). / Kike Para

La mayoría de compradores prometen “la máxima tasación”, que ronda entre el 40% y el 60% del precio que la compañía estime que merece el vehículo. Pongamos que el usuario tiene un Audi A3 de 2006. Dependiendo del kilometraje, tiene más o menos posibilidades de conseguir ese supuesto crédito que en realidad es una venta. Con 200.000 kilómetros, Flexicar le daría 3.500 euros, explica un comercial a un cliente por teléfono. Durante seis meses, deberá pagar 350 euros mensuales (2.100 euros en total), a sumar a la devolución del pago inicial más los gastos de gestión (3.850 euros). Sumando, por un crédito rápido de 3.500 euros, el cliente tiene que devolver 5.950, es decir, un 70% de intereses.

Existen varias compañías en Málaga, Valencia o Madrid. Entre ellas, Disfruting, una filial de la empresa de créditos Gedesco. Flexicar nació como empresa dedicada al empeño en 2008; hoy tiene un concesionario de segunda mano con unos 200 vehículos, y otros 400 en otra nave. Crédito por tu coche, denunciada por R. R., también se dedica a la financiación clásica: tiene acuerdos con concesionarios privados.

“Esto ha surgido por la precariedad

y la desesperación”, sostiene la OCU

“El negocio es un chollo”, afirma Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de usuarios Facua. Ellos no han realizado estudios al respecto y tienen solo registrada alguna consulta puntual. Es un fenómeno relativamente nuevo y las asociaciones de consumidores se muestran cautelosas. “Es una forma de esquivar la ley”, afirma Enrique García, de la OCU, que insiste en que eso les permite evitar decir qué TAE (Tasa Anual Equivalente) tiene el préstamo. Esta informa al cliente de cuánto le va a costar un crédito, al juntar costes y otros índices como los intereses. En los anuncios de préstamos es obligatorio señalar qué TAE tiene cada producto financiero. En las páginas web de las empresas de empeño con alquiler no se menciona la TAE, porque aquí, según dicen las empresas, no se dan créditos, sino que se compran coches.

Consejos prácticos

• "Ojo con lo que en principio parece fácil. Al estar asfixiado por el dinero uno se mete en situaciones en las que puede perder el coche”, dice Enrique García, portavoz de la OCU. 
• La falta de crédito dificulta el préstamo del banco. La ayuda más rápida para obtener liquidez es la tarjeta de crédito, pero esta suele tener un interés alto, explica el portavoz. Se puede vender el coche y comprar otro más barato, pero en todo caso la OCU desaconseja acudir al dinero rápido.
• “Ha aumentado mucho la necesidad de dinero rápido”, afirma García. En 2013, la OCU realizó una encuesta de presupuestos familiares y halló que el 16% de las familias estaban en situación crítica.

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Ladrones de guante blanco

Préstamo entre particulares. Sin bancos. Urgente. Seguro. Al albañil en paro Luis Ángel Oviedo le faltaron segundos para morder el señuelo de Internet. Necesitaba con apremio enviar dinero a sus padres en Colombia. Y tocó a la puerta de un crédito privado exprés. Fue el pasado año. Le dieron 2.200 euros y seis meses después ya debía 11.000. ¿Usura? “No, estafa”, zanja nervioso. Junto a él, asiente apostado en un banco del centro de Madrid el profesor de autoescuela Miguel Ángel Arriero, de 57 años. Pidió 18.000 euros, que mutaron en 40.000 medio año después. Los dos se asoman al abismo de perder sus propiedades. Y culpan de su desdicha a Antonio Arroyo Arroyo, emperador del préstamo fácil, un controvertido exsubastero que navega por un sector legal que desde 2011 concentra 413 empresas, 80 intermediarios y una sola sanción, según el Instituto Nacional de Consumo (INC).

Oviedo y Arriero cayeron en la trampa de la desesperación. Picaron en un sofisticado timo perpetrado presuntamente por una maraña empresarial dedicada desde hace una década a conceder préstamos trampa, créditos rápidos que cebaban una pelota financiera con idéntico desenlace: la pérdida de una propiedad. La policía sitúa a Arroyo en el vértice de un alambicado engranaje de sociedades. El prestamista, sin condenas firmes, está siendo investigado por más de una decena de juzgados de instrucción de Madrid. Y acumula medio centenar de denuncias en España, según el abogado de las víctimas, Carlos Javier Galán.

Bajo el señuelo del dinero exprés, el entramado de Arroyo garantiza al angustiado la cantidad rechazada antes por bancos y financieras por carecer de nómina o figurar en una lista de morosos. Exige el aval de una propiedad. Cuando se pisa la notaría, todo cambia. Se obliga a firmar unas letras de cambio que multiplican la cantidad recibida y vencen a los seis meses, según la policía. Nada que ver con el tipo del 8% prometido. Resultado: se activa la maquinaria de los intereses de demora (29%), que dispara la deuda y precipita el embargo, según la investigación.

Este fue el patrón que, presuntamente, siguió la red para apropiarse de la vivienda de un toxicómano madrileño que recurrió al prestamista en 2011 empujado por la necesidad química. Le dejaron 40.000 euros con la condición de que debía reconocer ante notario que recibía 69.000 en forma de dos letras de cambio. Desenlace: una deuda de 103.000 euros y el riesgo de que vuele un piso de 303.000. Su subasta se ha congelado hasta que los tribunales resuelvan si fue una burda estafa.

En el hermético círculo de los subasteros madrileños fue conocido como El Patadas por su vehemencia. Un respiro que no tendrá Concepción Truchado, de 61 años, que llamó al dinero exprés para ir más desahogada tras fallecer su marido. La desempleada, que no logra controlar las lágrimas, reside en casa de unos amigos. No quiere presenciar la secuencia del desahucio de su vivienda en Madrid. Dice que firmó ante notario que recibía 62.000 euros y que nunca vio el dinero. Sostiene que el intermediario salió corriendo con dos cheques al portador y un sobre en metálico tras bajar de la notaría. En su banco le dijeron: “Concepción, te han estafado”. Se arremanga ahora para el combate legal contra Arroyo, que supuestamente siempre acaba con los derechos de los préstamos que en teoría otorgan sus colaboradores. A Concepción le reclama 134.000 euros. Su situación le ha condenado a un tratamiento psiquiátrico y tranquilizantes.

Bajo el salvoconducto de presentarse como un extrabajador del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), un organismo vinculado al Banco de España dedicado a garantizar la solvencia de las entidades, el jienense Arroyo, de 59 años, se subió al ascensor del éxito. En el hermético círculo de los subasteros madrileños fue conocido después como El Patadas por su vehemencia. Rozó el Olimpo a golpe de puja. Ninguna propiedad de los juzgados se resistía a este hombre frío como el acero al que no se le conocen grandes amigos y decía ante terceros que era perito mercantil. Se revestía como un tipo hecho a sí mismo y bien conectado con un adinerado inversor de Valdemoro, según una fuente que le trató en 2005 y resume así su capacidad: “Es más listo que las ratas”.

Controla la jerga del dinero como el más bravío de los ventajistas del mercado. “Si dejas una cartera encima de la mesa, se lleva la mesa y la cartera”, sentencia un exsocio. Hasta la Policía Nacional reconoce su astucia. “Es hábil, domina los engranajes financieros", añade Julio Martínez, inspector de la comisaría de Aravaca, donde el pasado año aterrizaron 14 denuncias contra el prestamista, que ha sido arrestado en tres ocasiones desde 2008 por blanqueo de capitales, estafa y falsificación de documentos.

Fue un revoltijo de avidez y oportunidad lo que catapultó a Arroyo al oficio del dinero a tocateja. Coincidió con la generalización a partir de 2001 de la segunda hipoteca, aquella que grava un bien ya cargado. El sector navegaba entonces por la orgía inmobiliaria. El empresario, que reside en el barrio madrileño de Prosperidad, se erigió durante la fiesta en uno de los principales prestamistas de capital privado. Unos 600 créditos al mes. Levantó un entramado de una treintena de empresas que acumula ya 45 propiedades y un centenar de derechos de hipoteca en España, según el registro. Su patrimonio se completa con 150 derechos de hipotecas inscritos a su nombre.

Trazó un esquema de empresa familiar. En él figuran su hija y su actual pareja. Recurrió al capital de terceros con el señuelo de que el suyo era un negocio seguro. Siempre se ganaba. “No quiere que se paguen los créditos. Así corren los intereses de demora”, apunta un exinversor del empresario que dice estar amenazado de muerte por su entorno familiar. De intimidaciones, en este caso telefónicas, guarda una anécdota la abogada sevillana Mar Moya. “Me dijo que me iba a cortar el cuello cuando le pedí información sobre mi cliente estafado”, recuerda la letrada. Arroyo fue condenado a pagar 120 euros de multa por la letal advertencia. Entre calculados silencios, una fuente que se arma para la cruzada jurídica contra el emperador del dinero exprés define así su legado: “Ha buscado la muerte económica a miles de familias”.

El protagonista de esta historia, tras dos semanas de promesas telefónicas, ha declinado una entrevista cara a cara con EL PAÍS. El próximo día 16 no podrá fallar. Declarará como imputado por estafa en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.

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De ilusion también se vive

Un tonto útil de Soria denunció ayer en la Comisaría de policía de Soria una estafa de 5.065 euros de la que había sido objeto en los últimos meses. La estafa fue realizada a través de internet con el argumento de un crédito con una firma fictia que no pudo llevarse a efecto.

El denunciante recibió un correo electrónico el pasado mes de noviembre en el que se le ofrecían a prestar dinero para crear una empresa. La víctima se puso en contacto con el remitente de del correo mostrándose interesado en recibir un préstamo porque quería abrir un negocio.

La empresa ficticia le mandó un contrato para realizar el préstamo. El denunciante debería pagar unos 5.000 euros supuestamente para hacer frente a seguros e impuestos que requería ese préstamo. La víctima envió a una cuenta bancaria británica un total de 5.065 euros en cuatro pagos.

Finalmente cuando pagó todo el dinero necesario para que le dieran el préstamo intentó ponerse en contacto con dicha empresa pero ya no lo consiguió

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“La mafia me da asco, no me da miedo”. Así habla Antonio Anile, un exempresario italiano que hace apenas una década ganaba más de 200.000 euros anuales y que hoy si se compra un paquete de tabaco no le queda después para café. Anile es una de las miles de víctimas que sufren cada año los efectos de la usura, una práctica que ha provocado el cierre de unas 242.000 empresas en Italia en los últimos tres años y que vive en tiempos de crisis un especial auge ante la falta de liquidez.



Anile, exempresario en Reggio Calabria (frente a las costas sicilianas), se vio obligado a recurrir a la usura en un momento de falta de liquidez. A través de un colaborador encontró al usurero que le daría el dinero con una fuerte tasa de interés, tan alta que terminaría con su felicidad. “Me han amenazado, me han enviado casquillos de bala a casa, me han secuestrado dos veces y me han roto el brazo en medio de la calle”, explica a El Confidencial Anile, que ahora trabaja para la asociación SOS Impresa, que se dedica a auxiliar a las víctimas de un negocio que se estima en los 20.000 millones de euros anuales.

Este exempresario ya no vive en Reggio Calabria, tuvo que irse de allí y dejar a su hijo y a una mujer que no le perdonó. “La sensación de la persona que recorre a la usura es como la de los drogadictos. Buscan dinero para poder pagar los intereses sin hacérselo saber a la familia”, explica. “Tuve que sufrir un calvario tras la denuncia ya que no era aceptado más en la sociedad de Reggio Calabria por haber roto el tabú de la denuncia. Tuve que marcharme”, nos confiesa. Un problema que va más allá del dinero y que acaba con víctimas destruidas moralmente, llevadas al borde del precipicio, incluso más allá de la vida. Personas que viven en soledad entre un miedo y una vergüenza similares a las del toxicómano.

Y es que la usura se ha convertido en un negocio en boga determinado por la falta de liquidez en los bancos. “¿A quién puedes recurrir si no tienes dinero para pagar la luz o el gas? “, explica este exempresario para hacer ver la desesperación de recurrir a un usurero, que seguramente acabará con la ruina.

“¿Quién tiene el dinero inmediatamente? La Ndrangheta”. Esto es, la mafia.

Consultada por este periódico, la asociación SOS Impresa explica el modus operandi mafioso. “A veces incluso ofrecen tipos de interés más bajos que los bancos para acabar haciéndose con la empresa cuando no se pueda hacer frente a la deuda. De esta manera, la mafia tiene un nuevo negocio con el que poder lavar dinero”. Pero no siempre estas empresas llegan a ser controladas por la mafia, también hay otras que echan el cierre. Se estima que en 2010 la usura destruyó 130.000 puestos de trabajo.

La punta del iceberg

Desde la organización SOS impresa, que trabaja para ayudar a las víctimas de la usura de diversas maneras, desde la asistencia legal a la psicológica, explican a este diario que la usura se manifiesta en distintas formas y que la mafiosa, sólo es una de las ramas. “Podríamos decir que quedan todavía casos de usurero clásico [el usurero conocido por todo el barrio], aunque en los últimos tiempos abunda un nuevo tipo de usura con la cara limpia que implica a notarios, abogados, asesores fiscales…”, explican. En definitiva, al menos la mitad de los usureros actuarían por cuenta propia, mientras que la otra lo haría en grupos organizados, dentro de los cuales estarían las propias organizaciones mafiosas.

Más allá de las bandas que prestan a bajo interés con objeto de quedarse con una empresa, hay tasas de usura que se encuentran entre el 10 y el 20% de interés mensual. Casos que minan moral y patrimonio. Como el de Gabriella, que tuvo que recurrir a varios usureros para pagar la deuda contraída con un primer prestamista. “Siempre tuve vergüenza de que la gente se enterara”, cuenta a este diario. “Se vende oro, te deshaces de inmuebles… todo para pagar sólo los intereses, ya que para la deuda no llega nunca”, explica. Según los cálculos, el interés total de la deuda con uno de los usureros ascendió al 1.517%.

Y es que el usurero actúa a la luz del día, lejos de la imagen del avaro que cuenta monedas en la oscuridad. Mucha gente de la que nadie podría pensar que práctica este actividad. Tanto el mafioso como el individuo aislado. “Los ndranghetistas no se dedican a cuidar ovejas en las montañas. Son gente con profesiones de bien, como abogados o asesores fiscales, hablan varios idiomas…”, explica por su parte Antonio.


Finalmente, fue la Justicia la que se puso en contacto con Gabriella. Sin embargo, los procesos judiciales no han satisfecho las expectativas creadas. Uno de los usureros fue condenado a cuatro años, otro ha fallecido, mientras que un tercero ha sido condenado, aunque su delito ha prescrito. Y es que el desamparo ante la Justicia es una de las principales reclamaciones de las víctimas de la usura.

Procesos a paso de tortuga

Los casos de Antonio y Gabriella han estado seis años en los tribunales. En el del empresario calabrés, todavía se está en una última fase de apelación. Los grandes problemas burocráticos y la lentitud son una de las llamadas de atención de las víctimas de la usura para mejorar su situación. “En los años de proceso da tiempo de sobra para que los procesados cambien el nombre de sus propiedades y puedan organizarse para el juicio”, explica Gabriella.

Además, en muchos casos la gente tiene miedo. “En los últimos años han descendido las denuncias porque la gente se siente desamparada ante la acción de la justicia”, añade Anile. “Para recibir protección policial debes haber sufrido un intento de agresión. El problema es que esa agresión, muchas veces es más que un intento. El Estado también debería garantizar la reinserción en la sociedad de la víctima de la usura”. Unas declaraciones que concuerdan con las terribles cifras de una denuncia por cada mil casos.

La crisis agudiza la usura

La crisis económica agudiza la usura. “Ante la falta de crédito los comerciantes prefieren ir al usurero para intentar pagar antes que ir a la quiebra”, cuentan desde SOS Impresa que explican que la mayoría de los préstamos de la usura rondan los 5.000 euros, aunque también está quien pide aún menos, tan solo para poder llegar a final de mes. Las víctimas reclaman que se abra más la mano a los créditos. “Los bancos dan dinero a quien tiene dinero”, explican con la gráfica imagen de empujar al empresario a las puertas del usurero. “Hay empresas que tienen deudas de la administración y que no pueden hacer frente a los pagos de sus empleados, por lo que recurren a los usureros para poder pagar a sus empleados, y para ellos no hay crédito”.

También lamentan la impunidad que gozan en la sociedad los usureros. “Se debería hacer una gran campaña de prevención similar a la hecha para luchar contra el sida. Hay que hablar mucho de este tema”, concluye Anile. Un problema más en una crisis que ha dejado seco el grifo del crédito. Para todos menos para los usureros.

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