4 de enero de 2012

Fraude de 115.000 euros en las ayudas para informática

La trama supuestamente dedicada a conseguir subvenciones de la Junta de Andalucía para renovar el equipo informático de empresas sin que estas mejoras llegaran nunca a aplicarse continúa investigándose en los juzgados. El grupo de Fraudes del Cuerpo Nacional de Policía dio por terminado su trabajo en 2010, pero el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga está ahora en plena fase de ordenar la investigación. "Son unas diligencias muy voluminosas", precisan fuentes judiciales. Ya se ha tomado declaración a una quincena de implicados en los delitos de estafa, falsedad documental y fraude en las subvenciones.



La empresa Cau Group Consultores figura en el epicentro de la trama, cuyo gerente es Julio Andrade Baeza, presidente de la asociación de extrema derecha radicada en Málaga, ‘Libertad e independencia’" y que intervino en una de las querellas presentadas contra Garzón.  Esta consultoría supuestamente hacía de intermediaria entre las compañías que querían obtener una subvención de la Agencia de Innovación y Desarrollo (Idea) de la Junta y la Administración.

Los investigadores policiales han detectado irregularidades en expedientes de subvenciones por un importe de 115.000 euros. "Se trata de proyectos aprobados para los que se preveía un 40% de subvención con respecto a la inversión total que tenían que realizar y en los que es relativamente fácil justificar unos costes superiores", detallan. Entre las 17 empresas implicadas en esta práctica fraudulenta hay una escuela infantil, empresas de hostelería, explotaciones agrícolas, empresas de diseño y tiendas de informática. Según la investigación de la agencia Idea, Cau Group contactaba con la empresa, tramitaba el expediente y facilitaba las facturas para justificar las adquisiciones. Las facturas son supuestamente falsas: o bien no llegaban al importe total del proyecto subvencionable o bien directamente no respondían a ninguna compra de material informático. Además, la red contaba con empresas proveedoras con administradores comunes, que aparecen en la trama emisora de facturas, que solían ser de mucho importe.

La Policía supo de estas irregularidades tras una denuncia de la gerencia malagueña de la agencia Idea. Se habían hecho inspecciones físicas en escasas ocasiones porque el importe de los incentivos no superaba los 60.000 euros, que era el límite marcado por procedimiento interno de la agencia. Aun así, los investigadores sospecharon que era una "práctica habitual".

Estas ayudas iban dirigidas a la modernización e implantación de tecnologías de información, tanto de ordenadores y otros aparatos como de programas. En uno de los casos denunciados, la empresa había pedido incentivos a fondo perdido para colocar equipos informáticos por valor de 37.141 euros. Idea le concedió una subvención de 14.856 euros. Tras la inspección de la Junta, se comprobó que "la inversión justificada con facturas no había sido adquirida por la empresa". El empresario aseguró a los técnicos de Idea que fue la empresa Cau Group Consultores quien le "embarcó" en la petición de la subvención, junto con otra empresa proveedora.

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