Todo el mundo en la comarca de Aranda de Moncayo sabía a qué se dedicaba Ricardo Granada Pérez.
A los detectores de metales. A escarbar en busca de cascos, monedas,
vasijas o armaduras en los numerosos yacimientos celtíberos de la zona.
En Aranda (198 habitantes, Zaragoza), calles encrespadas y clima duro,
no era ningún secreto. Ni en Illueca ni en Jarque, los pueblos de la
zona por los que Ricardo se movía a sus anchas.
“Yo lo he visto con los detectores de metales más de una vez, pero
como las autoridades no decían nada... Él lleva 30 años haciéndolo, pero
lo que no sabíamos es si encontraba algo”, cuenta Miguel Galavia,
electricista jubilado de 77 años, que ha ido a la huerta a por una
lechuga para la ensalada. De vez en cuando le preguntaba si había
hallado algo de valor: “Decía que sacaba poco y nada entero”. No
conocían el tesoro que tenían bajo sus pies.
Galavia señala con el bastón uno de los lugares preferidos por
Granada para sus prospecciones: el pueblo celtíbero de Arátikos. Para el
profano no es nada más que un cerro de tierra roja, pero quien lo
conoce no ve más que signos que delatan un pasado sugerente. “Eso es
cerámica de una vasija, aquello un trozo de bronce y eso es hierro, se
nota que está quemado, probablemente de cuando los romanos arrasaron la
ciudad”, cuenta una persona que colaboró con la investigación y que pide
el anonimato. El caso está judicializado. Por el suelo hay restos de
todo tipo, pero solo el ojo experto los detecta. Dos grandes piedras
clavadas en paralelo forman presumiblemente una tumba que ha sido
saqueada.
La Guardia Civil apunta a que los saqueos son obra de Ricardo
Granada, unos 60 años, jubilado, coleta blanca, complexión fuerte, que,
según los agentes y la fiscalía, cometió durante al menos 15 años un
expolio continuado, uno de los mayores y más sorprendentes que ha
sufrido España y cuyas piezas acabaron en el extranjero. Lo hizo ante la
desidia de las autoridades españolas, que dejaron que durante años se
subastaran en Alemania y Reino Unido cascos celtíberos en excelente
estado.
El pasado 13 de febrero, después de meses de investigación, la
Guardia Civil entró en una de las tres viviendas de Granada, la de la
calle Benedicto XIII en Illueca, en un modesto edificio de ladrillo
amarillo sobre una fábrica de calzado. El botín sorprendió a los
investigadores. Había “4.000 piezas arqueológicas pertenecientes a
diversas culturas, especialmente del periodo celtíbero peninsular, con
abundantes joyas y otras piezas propias de los enterramientos de los
guerreros de la época”, según anunció la fiscalía.
Fuentes de la investigación explican la sorpresa de los agentes al
ver monedas celtíberas y romanas almacenadas en medio coco, botes de
puré y cajas viejas de bombones Ferrero Rocher. Sin orden ni concierto,
en recipientes encima del televisor había multitud de proyectiles que
los celtíberos lanzaban con hondas. Tardó en confesar, pero finalmente
accedió a colaborar con la Guardia Civil y condujo a los agentes a los
lugares donde había estado excavando sin permiso. La juez de La Almunia
de Doña Godina le puso en libertad con cargos. El Código Penal castiga
con pena de prisión de uno a tres años a quien “cause daños en un
yacimiento arqueológico”.
Tras el caótico almacenaje no se escondía el trabajo de un
aficionado. Granada guardaba seis detectores de metales y un georradar,
la máquina que permite detectar si el subsuelo ha sido removido. El
dispositivo es ideal para encontrar tumbas. Es el que utilizan los
investigadores de la memoria histórica en busca de fosas.
El detenido alega que se trata de un caso de 1975. El Ayuntamiento dio el aviso en 1992 pero quedó en nada
Gloria Pérez, arqueóloga de la Universidad de Zaragoza y natural de
la zona, es de las personas que mejor conoce el yacimiento de Aranda,
sobre el que hizo en 2010 un trabajo. Ella recuerda que cuando iba a
hacer una prospección a veces encontraba que durante la noche el lugar
ya había sido excavado. Las siete hectáreas del histórico poblado de la
tribu celtíbera de los Titos no tienen ningún tipo de protección: ni
están valladas ni vigiladas ni siquiera señalizadas.
Lo hallado en la vivienda de Granada sorprendió principalmente por su
cantidad. La arqueóloga señala que había “una panoplia muy importante,
falcatas, broches de cinturón...”.
Pero entre las 4.000 piezas confiscadas a Granada destaca también una
ausencia notable. No había ni cascos ni armaduras. La fiscalía señala
en una nota: “La mayoría del material recuperado está formado por piezas
del ajuar propio de los enterramientos de los guerreros (cerámicas,
petos, fíbulas, exvotos, joyas, etcétera). [...] Se aprecia la falta del
armamento que acompañaba al casco, por lo que cabe presumir que este
material ha podido ser ya vendido a terceras personas”.
El valor de los cascos es enorme.
Y no es fácil encontrarlos. De los varios miles de sepulturas que
excavó Enrique de Aguilera y Camboa, XVII marqués de Cerralbo, a
comienzos del siglo XX, en necrópolis celtibéricas como Aguilar de
Anguita, Luzaga, El Atance o La Olmeda (en Guadalajara), Arcóbriga
(Zaragoza) o Alpanseque (Soria), tan solo recuperó restos de tres
cascos. Y todos estaban fragmentados y deformados por razones de índole
ritual. Ninguno fue encontrado completo ni reluciente como los que han
sido subastados a cuentagotas por Europa desde hace años por casi medio
millón de euros y que presumiblemente salieron de Arátikos.
Granada se interesó públicamente por Arátikos a principios de los
noventa. Según fuentes del caso, compró cuatro o cinco pequeñas parcelas
por allí: terrenos casi yermos, con algunos almendros. Su actividad era
pública. Granada vivía entonces con la hija del cabo de la Guardia
Civil. Ofreció al Ayuntamiento de Aranda de Moncayo construir unos 50
bungalós junto al embalse de Maidevera a cambio de reconstruir el
poblado celtíbero. El municipio accedió y Granada se construyó una casa
de madera junto al pantano. Está desvencijada, con una pequeña piscina
arriñonada. Allí deja los perros con los que suele ir a buscar trufas.
Al otro lado del embalse está el barco que se trajo desde el Cantábrico y
que ancló en tierra para montar un chiringuito.
En 2008, la justicia alemana solicitó al Gobierno español que reclamara los cascos. No hubo respuesta
Por los alrededores solo hay algún pastor, como Juan Pablo San Juan,
que acaba de sacar a sus 800 ovejas: “Se decía que habían encontrado
oro, pero no sabíamos lo que había”, cuenta antes de seguir camino con
una melancólica despedida: “Esta es la vida del pastor, un día malo y
otro peor”.
Cuándo salieron los cascos de Aranda es un misterio. Granada, que se
ha negado a hablar para este reportaje, sí apuntó por teléfono: “Eso es
un tema de antes de que usted naciera, de 1975 o 1976”. En otra breve
conversación alegó: “En mi puñetera vida he entrado en un yacimiento”.
Los cascos que los expertos creen que proceden de Arátikos salieron a
la luz por primera vez en 1990. El Römisch-Germanisches Zentralmuseum
de Maguncia, Alemania (RGZM), uno de los centros de investigación
arqueológica más importantes del mundo, avisó de que estaban en el
mercado, como recuerda el doctor Michael Müller-Karpe.
En mayo de ese año el anticuario de origen español afincado en Suiza
Fernando Cunillera entró en contacto con el RGZM, donde trabajaba el
profesor Markus Egg, uno de los máximos especialistas en cascos
antiguos. Cunillera buscaba asesoramiento sobre unas piezas de bronce
excepcionales con la posibilidad de que, si el RGZM quería, podría
comprarlas. Según el propio Cunillera se trataba de “un tesoro”
descubierto por saqueadores en Aranda de Moncayo, la localidad donde
actuaba Granada.
Cunillera dejó en depósito dos de estos cascos para que fueran
examinados por los técnicos del RGZM. La oferta de compra fue
desestimada por los responsables del museo que, tras fotografiarlos,
presentaron una denuncia a la Interpol por considerar evidente su origen
ilícito. El rico industrial austriaco Axel Guttmann acaba adquiriendo
los 18 cascos.
Mientras, el expolio continuaba. Alrededor de 1992, Granada llegó
incluso a meter un camión y una pala en el yacimiento para llevarse la
tierra y cribarla en casa, según los vecinos. Se ve perfectamente el
camino que facilita la entrada del camión y el bocado que le pegó a la
montaña. Hasta que el Ayuntamiento le paró la obra y lo denunció al
Gobierno de Aragón. Ese aviso, como otros, se perdió en el tiempo y la
burocracia. El Ejecutivo regional envió un arqueólogo a visitar las
obras, pero en el pueblo nadie volvió a saber nada de aquella alerta.
En 2008, los yelmos reaparecen en un catálogo de subastas. Siete años
antes había fallecido en Berlín su propietario. Los hijos de Guttmann
comenzaban a sacar la enorme
colección de obras de arte antiguo reunida durante décadas. Dos
cascos producidos en España entre los siglos IV y II antes de Cristo
estaban en el catálogo de la subasta que Hermann Historica de Múnich
tenía prevista para el mes de abril de 2008. Son piezas que han sido
calificadas por autoridades en la materia, como el catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de la
Historia Martín Almagro Gorbea, como el “conjunto de armamento más
importante jamás localizado de todo el Mediterráneo occidental”.
En el texto se mencionaba que los cascos eran “calcídicos de la
variante ibero céltico” y su origen “probablemente” era la provincia de
Soria. Para los especialistas del RGZM no había duda de que se trataba
de los mismos cascos que habían pasado por el centro 18 años antes. A
tal efecto, Müller-Karpe llevó el caso al abogado del Estado de Múnich
para que paralizara su subasta durante tres meses, cosa que ocurrió. La
justicia alemana, además, abrió un expediente solicitando al Gobierno
español que reclamara la propiedad.
Pero la petición española no llegó nunca y, ante el silencio
administrativo, los cascos fueron devueltos a la sala de subastas. Los
lotes que partían con un precio de 3.000 y 8.000 euros acabaron
vendiéndose por 19.000 y 25.000 euros respectivamente. Un valor
considerado bajo para la calidad de las piezas, pero que, y la sala no
debía ignorarlo, corrían el peligro de tener que ser retornadas por sus
nuevos dueños si España decidía reclamarlas.
En las dos siguientes subastas de Hermann Historica no volvieron a
aparecer más piezas del lote. Pero en 2009, se ponen a la venta dos más.
Uno de ellos ilustraba la portada del catálogo para la venta prevista
el 22 de abril. Estaba claro que ya no había miedo a reclamaciones. Por
eso, los precios de salida eran superiores: 10.000 euros para cada uno. Y
el monto conseguido en el remate mucho más: 30.000 y 35.000 euros,
respectivamente.
Seis meses después, en octubre de 2009, una nueva subasta puso en el
mercado otras dos nuevas piezas que alcanzaron los 38.000 y los 43.000
euros. Mientras, Müller-Karpe y el RGZM seguían insistiendo y
presentaban una segunda denuncia. Las subastas continúan, y en abril de
2010, dos nuevos cascos se venden en la sala de Múnich. Esta vez
alcanzan una cifra récord de 77.000 euros cada uno.
Desde Alemania, el joven investigador leridano Raimon Graells,
incorporado al RGZM ese año, envía un SOS a sus colegas españoles en
busca de ayuda. Reciben el correo, entre otros, el catedrático de
Prehistoria de la Universidad de Alicante Alberto Lorrio y el profesor
de la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Quesada. Los dos hacen
llegar el aviso alemán hasta Martín Almagro Gorbea para que, desde su
atalaya de la Real Academia de la Historia, interfiera ante el
Ministerio de Cultura.
Tras el informe que Almagro Gorbea mandó a Cultura, que no tuvo
respuesta, en septiembre de 2011 el investigador madrileño decidió
llevar el caso al Defensor del Pueblo para que investigase la no
actuación del ministerio. Al poco tiempo, la Fiscalía de Medio Ambiente
del Tribunal Supremo, que coordina Antonio Vercher, abrió diligencias
que ahora, más de un año después, concluyeron con la detención de
Granada.
La fiscalía espera que los vestigios encontrados en casa de Granada
permitan demostrar que el origen es el mismo que los cascos, lo que
abriría la puerta a reclamar su devolución. Los expertos también tienen
que analizar si, como sospechan, los cascos han sido restaurados y con
qué material. La arqueóloga Gloria Pérez explica que el bronce de los
yacimientos de Aranda es de muy buena calidad, y que se podría cotejar
el origen.
Ante las críticas por su inacción, el Ministerio de Cultura ha
mantenido siempre la misma postura, asegura que “se ha cumplido la
legalidad y esta pasa por la aportación de pruebas” sobre el origen de
las piezas.
En febrero, en respuesta a una pregunta del diputado Chesús Yuste, de
Chunta Aragonesista (CHA), el ministerio aseguró que “tras la petición
de la Fiscalía alemana solicitó a la brigada de Patrimonio Histórico de
la Policía Nacional que iniciase las acciones judiciales pertinentes,
pidiendo el envío a Alemania de una comisión rogatoria para que fueran
devueltos los cascos. Pero un juzgado de instrucción de Madrid determinó
archivar las actuaciones al no haber pruebas suficientes”. El jueves
pasado, el ministerio mantuvo que tras la detención de Granada hay
“indicios”, que no “pruebas”, y asegura que “la obligación de buscarlas
es de la justicia y de la Guardia Civil, no del ministerio”.
En todo caso, defienden que durante estos meses han guardado
discreción. Lo mismo asegura haber hecho el Gobierno de Aragón, que
convocó de urgencia a los expertos a una única reunión. La discreción se
pedía para que la llamada Operación Helmet acabara dando resultados.
“Si la investigación aporta por fin pruebas que permitan reabrir el
caso, se solicitará una comisión rogatoria internacional”, aseguran
ahora fuentes del ministerio.La nula presión y la discreción de las autoridades españolas han
posibilitado que las subastas se vayan produciendo. La última, por
ahora, en octubre de 2012, hace apenas cinco meses. Esta vez fue en
Christie’s, en Londres, donde se vendieron tres nuevos cascos y, a
diferencia de lo que había ocurrido hasta ahora, las piezas ya no
figuraban en la descripción como ibérico-calcídicos, sino directamente
como griegos.
“Es una estrategia del comercio ilegal de antigüedades. Se atribuye
un origen con el mínimo de precisión posible para diluir la posibilidad
de precisar el verdadero origen”, explica Karpe-Müller. Los cascos se
vendieron por 21.656, 27.844 y 40.147 euros, respectivamente. Un precio
inferior a los anteriores, posiblemente por la menor calidad de las
piezas, una especie de resto de serie.
Los expertos Graells, Lorrio y Quesada no acaban de entender la nula
intervención de la Administración española que, de haber sido
determinante, habría acabado con el rosario de subastas. Están
convencidos de la procedencia hispana del conjunto porque están
acostumbrados a trabajar con ese tipo de material. “Son unos cascos de
producción exclusivamente peninsular, de los que conocemos una treintena
de ejemplares y cuyas características morfológicas difieren del resto
de cascos antiguos aunque están muy relacionadas o incluso derivan, en
algunos casos, de formas itálicas. Son piezas únicas que hacen cambiar
el discurso histórico peninsular”, aseguran.
Los tres han escrito Cascos hispano-calcídicos. Símbolos de las
élites celtibéricas, un libro que está a punto de ver la luz, en el que
repasan la media docena expuesta en los museos españoles y estudian, por
primera vez, en la distancia, los 18 ejemplares objeto de polémica.
Durante su investigación han podido reconstruir el periplo de estos
cascos mediáticos, han constatado la venta de una primera pieza del lote
en Londres en octubre de 1990, en la sala Phillips West Two, y han
localizado ocho de ellos en sus nuevos destinos. Seis, entre ellos los
dos más espectaculares, con cuernos y aletas, en el Museo de Arte
Clásico de Mougins, ciudad situada al sur de Francia, y dos más,
adquiridos por coleccionistas privados catalanes.
“Si se puede probar que las piezas son de Aranda de Moncayo sería un
plus, pero que fueron exportadas sin permiso es incontestable, de manera
que la justicia debe actuar. La venta del patrimonio arqueológico
español nunca ha sido legal, de este modo, nuestra impresión es que unas
piezas que solo se documentan en la Península, que podemos fechar
aproximadamente cuándo salieron de España, sin permiso, son a todas
luces piezas exportadas ilegalmente, que deben estar accesibles al
público y a la investigación”, se lamentan los arqueólogos.
El dinero movido en las subastas contrasta con la austeridad con la
que vive Granada. Tiene un Nissan Patrol azul que ha conocido mejores
épocas —“el tractor”, como lo define un vecino— y un Ford Escort con más
de un lustro. Aunque tiene tres domicilios, últimamente vive en casa de
sus suegros, una modesta vivienda en Jarque, un pueblo de 500
habitantes y dos bares situado a 13 kilómetros de Aranda. “A él no le
habrán dado nada, se lo habrán quedado los intermediarios”, pronostica
un vecino. En estos pueblos, el caso va a ser protagonista de las
conversaciones durante años.
En España, según datos que maneja la Guardia Civil se expolian cada
año unos 400 o 500 yacimientos arqueológicos, el 75% con ayuda de
detectores de metales, pero probablemente son muchos más los saqueos que
no se denuncian o no llegan al conocimiento de las autoridades.
La policía clasifica tres clases de perfiles criminológicos del
expoliador: el ocasional, que busca objetos en sus horas de ocio; el
habitual, al que podría pertenecer Granada, que busca lucrarse con la
actividad; y el erudito local, que movido por su afición a la historia,
se dedica a la búsqueda de objetos saltándose todas las normas vigentes.
La alcaldesa de Aranda de Moncayo, la socialista Rosario Cabrera,
solicitó hace unos meses la declaración de Bien de Interés Cultural para
el yacimiento del municipio. “Arátikos aún tiene mucho que decirnos”,
explica esta enérgica auxiliar de farmacia en el frío despacho del
Ayuntamiento.
La protección no implica necesariamente que se acabe el expolio. “El
problema no se soluciona poniendo un policía en cada yacimiento, sino
concienciando a la gente de que el patrimonio es parte de su legado”,
explica el catedrático Alberto Lorrio. Estos expertos mantienen que el
saqueo, aparte de descontextualizar las piezas y ofrecerlas aisladas,
acaba con toda la información que pudieran arrojar. “Los cascos
subastados son un conjunto único en el Mediterráneo, pero por su número y
conservación seguramente no provienen de una necrópolis, sino de algún
tipo de santuario o depósito ritual, cuyo carácter desconocemos”,
mantiene Lorrio.
Para los investigadores quizá se trate de ofrendas a una divinidad
como resultado de uno o más acontecimientos bélicos, por lo que se trata
de un conjunto ritual y votivo, quizá un trofeo militar; lo que ellos
llaman spolia hostium, una práctica habitual en la antigüedad. El
problema, aseguran, es que al desconocer su contexto se priva de
información esencial para reconstruir la historia de las poblaciones
protohistóricas de la península Ibérica.
Para Lorrio sería fundamental “que el autor del expolio proporcionara
información sobre la procedencia exacta de los hallazgos, tanto de las
4.000 piezas que se le han requisado, como de los cascos, ya que estos
yacimientos deben protegerse”. Según él, solo estudiándolos podremos
conocer las costumbres o las creencias de estas sociedades. “Lo único
importante de toda esta historia”.
La tierra guarda aún muchos secretos. En la comarca de Aranda hay 45
yacimientos conocidos, lo que prueba su importancia en el pasado. La
arqueóloga Gloria Pérez explica que es un punto clave de paso entre
Aragón y Castilla, cuenta con agua abundante —hay 95 fuentes, de las que
nace el río Aranda— y yacimientos de metales.
En la historia de Arátikos, para bien y para mal, ya tiene un lugar
destacado Ricardo Granada, el hombre que sin estudios conocidos detectó
la importancia del lugar antes que las autoridades. “Tiene su cosa que
ni la Universidad ni la Administración se preocupara por esto antes y sí
él”, explica el alcalde de Illueca, Ignacio Herrero Asensio, del PP. En
Aranda hay quien atribuye la agudeza del detenido a su origen en el
pueblo vecino. El jubilado Miguel Galavia recuerda el dicho que circula
por la zona: “Cuando Colón llegó a América, ya había allí uno de Illueca
vendiendo mantas”.
martes, abril 02, 2013
