25 de abril de 2010

Alquileres chantaje

Los caseros tienen la propiedad pero no la posesión de sus inmuebles. No entender esta sutil diferencia puede salir caro. Hace dos semanas, una mujer de 47 años se personó en un piso que su madre tenía alquilado para exigir a la persona que estaba viviendo en él que pagara el alquiler. Entró en la casa y se negó a abandonar la entrada hasta que el inquilino solventase su deuda. El presunto deudor llamó a la policía y la acusó de allanamiento de morada. La casera ‘justiciera’ fue condenada a seis meses de cárcel por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Jaén.

Historias como la antes expuesta son ya lugares comunes para los bufetes de abogados especializados en conflictos inmobiliarios. En España hay 2,2 millones de hogares que viven de alquiler, y según varios expertos entrevistados por El Confidencial, la crisis ha provocado que muchas familias hayan dejado de pagar sus arrendamientos. La última moda no es dejar de pagar. Entrar en un piso, ‘desaparecer’ y extorsionar al dueño para que éste recupere su inmueble es lo último en morosidad de interiores. Los abogados lo llaman ‘alquileres chantaje’.

José Antonio Panadero
, abogado del bufete Velázquez 27, considera que la situación ha mejorado bastante con la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, la última reforma en materia de alquiler conocida más popularmente como la ley de desahucio exprés, y que sobre todo facilita la citación del inquilino moroso, la parte más ‘engorrosa’ del cobro forzado.

“Hemos llevado el caso de un restaurante cuyo alquiler ascendía a 2.500 euros al mes en una zona bastante céntrica de la capital. El inquilino lo cerró, se marchó a su pueblo y no pasó ni una sola mensualidad”. Casos como este hacían prácticamente imposible el cobro, ya que para poder empezar el proceso legal es imprescindible conseguir que la citación le llegue al moroso. “Al estar en paradero desconocido, tuvimos que poner detectives privados en el caso para encontrarle”, asegura Panadero. “El problema es que no se trata sólo los meses que no ha pagado, sino de todos los que mantiene el restaurante cerrado con la imposibilidad de que el dueño gane dinero con el local”.

En este caso, el inquilino desaparecido intentó negociar la devolución de las llaves con un acuerdo económico mediante el cual el dueño del local debía pagarle unos 7.000 euros y el asunto quedaría zanjado. Gracias a la investigación privada del bufete el presunto chantajista fue localizado y el restaurante pudo cambiar de mano y abrir al público tres años después. “Otros prefieren pagar y quitarse de líos –explica el abogado. A muchos, entre la lentitud del proceso judicial y los costes, les sale rentable ceder al chantaje”.

Mejoras en una ley “lenta”

La principal mejora que introduce la ley de desahucio exprés, según Panadero, reside en las muchas formas en las que ahora es posible notificar las citaciones de muchas formas (antes sólo se podía hacer personalmente), y “dando facilidades en supuestos de modificación de domicilio”.

Entre otras, las principales mejoras introducidas en la ley obligan al presunto moroso a consignar las rentas que adeuda para poder recurrir una sentencia o reducen a un mes el plazo máximo de requerimiento. “Ahora si un casero alerta de un impago hay un plazo máximo de un mes para efectuarlo antes de llegar a juicio”.

Pero los expertos en procesos legales coinciden en que en estos casos “se tarda demasiado en llegar al juicio. Es el caso de Alejandra, quien hace unos años alquiló un piso a un trabajador de una gran empresa de Vitoria-Gasteiz. “Le pedí la nómina para comprobar su solvencia económica e hicimos un contrato a través del cual debía pagarme 500 euros al mes. Estuvo nueve meses pero sólo me pagó los dos primeros. Al no pagar a partir del tercer mes, tuve que buscar un abogado y un procurador. Mi abogado le envió una carta de conciliación y, al no presentarse, le llevé a juicio”.

Pero el inquilino no aparecía. “Ante su ausencia, se le volvió a citar y tampoco acudió. Se dio por perdido el juicio y en la sentencia figuraba que debía abandonar el piso. Al llegarle la notificación se fue, llevándose las llaves, así que tuve que denunciarle de nuevo por ello. Yo seguía sin poder entrar en mi piso, ni cortarle el agua ni el gas. Hubiera tenido que acudir la Policía si no fuera porque un día dejó la llave en el buzón”.

Ante el impago, su abogado le recomendó pedir el embargo de su nómina y cuando la carta llegó a su empresa, él moroso pidió el finiquito, a pesar de que sólo le embargarían 3.000 euros en mensualidades de 500, de su salario de 1.000 euros. El inquilino, sin nómina, se fue a vivir con sus padres y nunca más se supo.

Para Panadero este tipo de procesos deberían ser juicios sumarios, para tener preferencia y poder resolverse positivamente. “De hecho, los legisladores son conscientes de esta deficiencia de algún modo, por ello han introducido el artículo 437.3, en el que se prevé el perdón total o parcial de las cantidades adeudadas si se produce el desalojo voluntario”.

21 de abril de 2010

EE UU presenta el nuevo billete de 100 dólares

La Reserva Federal estadounidense ha presentado hoy en sociedad su nuevo billete de 100 dólares con una apariencia similar al anterior, de hecho mantienen el retrato de Benjamin Franklin, pero con la más avanzada tecnología contra las falsificaciones. No obstante, habrá que esperar a febrero de 2011 para verlo en la calle, según ha anunciado el presidente del instituto emisor de Estados Unidos, Ben Bernanke.

Las principales novedades del conocido como Benjamin o C-Notes son una tira azul en tres dimensiones situada en la parte frontal que contiene imágenes de campanas y números 100 que se mueven al inclinar el billete. El segundo es una campana en el tintero también en el anterior del billete y que cambia de color cobre al verde al inclinar el billete. Cuando entren circulación, ha añadido Bernanke, no será necesario cambiar los 6.500 millones de billetes de este tipo que están actualmente en circulación, que seguirán siendo válidos.


15 de abril de 2010

Detenido un promotor inmobiliario en Murcia por una estafa masiva

La Guardia Civil ha detenido esta mañana al propietario de la promotora inmobiliaria murciana Trampolín Hills, Antonio Martínez. La detención se produce en el marco de las indagaciones de un juzgado de la región que investiga el presunto fraude denunciado por los 2.000 compradores de sus viviendas que, con la empresa en concurso de acreedores, han perdido los anticipos a cuenta que entregaron al constructor.

Conocido como El Gitano, su empresa que nació con un capital social de 5.000 euros en 2005, promovió en los últimos años una urbanización en el municipio murciano de Campos del Río de la que no llegó a levantar ni una sola casa. Con sólo 2.000 habitantes, el equipo de gobierno municipal había aprobado la construcción de otras tantas viviendas y un campo de golf, que finalmente no ha llegado a realizarse.

Los clientes que hicieron entrega de cantidades a cuenta -en algunos casos superiores a los 50.000 euros- se han constituido en asociación y en los últimos meses han planteado una denuncia colectiva por estafa e incumplimiento de contrato contra Martínez y su socio. El abogado de la mayoría de los afectados, Joaquín Guzmán, ha cifrado esa estafa en más de 60 millones de euros y alertó recientemente de la posibilidad de que Martínez y su socio "podrían huir de España o hacer desaparecer pruebas" si seguían en la calle. La investigación sigue abierta y se ha decretado el secreto de sumario.

Retrasos en las obras

Trampolin Hills golf Resort es actualmente, y según los compradores, "un páramo abandonado donde sólo quedan algunos carteles y varias palmeras secas". Añaden que "no se ha construido ni una casa y faltan 80 millones de euros". Es el testimonio de alguno de los afectados que recuerda que en 2009, meses antes de que llegara el concurso de acreedores, las obras acumulaban ya un retraso de tres años porque el Ayuntamiento no sacaba adelante el plan parcial dado el importante revuelo político que generó una denuncia del PP de Campos del Río y que vinculaba al actual alcalde con algunas compraventas de fincas del resort.

Además del concurso de acreedores, la empresa constructora tenía sobre la mesa un auto de un juzgado de Mula que dice que "la promoción se puso en marcha sobre terrenos rústicos que no cuentan con licencia". Mientras tanto, la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno murciano le había impuesto a Trampolín Hills una sanción de 350.000 euros "por no garantizar a todos los adquirentes de la urbanización la devolución de las cantidades entregadas a cuenta". Y, por último, el Ministerio de Hacienda anunció que la empresa Swiss Financial Corporation, la supuesta avalista de Trampolín, no existía como tal ni tenía nacionalidad ni estructura empresarial en España.

8 de abril de 2010

El defraudador español: varón, directivo y con antigüedad en la empresa

La picaresca no conoce límites. El fraude en las empresas españolas ha crecido de la mano de la crisis económica. El último informe sobre delitos económicos y fraude empresarial realizado por PriceWaterHouseCoopers muestra que este tipo de delitos en nuestro país se incrementó en los últimos 12 meses un 53%, mientras que en Europa el aumento fue del 39,6% y a nivel global del 43%.

No obstante, en España el perfil de defraudador cumple con unas características peculiares. Mientras que en el resto del mundo este tipo de prácticas se da más entre cargos intermedios, el español es, en la mayor parte de los casos, varón, miembro de la alta dirección y con entre 6 y 10 años de antigüedad en la empresa.

“Cada dirección en su área de influencia encuentra distintas oportunidades de fraude”, explica a Cotizalia.com Javier López Andreo, director responsable de Forensic Services de PWC en España. “Se da más entre hombres que mujeres y se trata de personas conocedoras de las debilidades de central”.

Así, los casos que se ha encontrado la firma en su estudio anual conforman un amplio abanico de posibilidades a la hora de defraudar a la compañía y se pueden englobar, principalmente, en tres grandes grupos: apropiación indebida, sobornos y corrupción y manipulación contable. Este tercer caso es el que más ha crecido en el último año por el aumento de la presión con la crisis en la consecución de objetivos.

En lo referente a la apropiación indebida, la principal motivación viene dada por la necesidad de “mantener el estilo de vida” de los defraudadores y la manera más fácil es mediante facturas a proveedores de servicios, ya que venden un intangible.

“Se han llegado a construir una pequeña mansión en las Islas Baleares metiendo las facturas del proyecto en la compañía”, asegura López Andreo a Cotizalia.com.

Otro caso que ha llamado la atención de la firma es el de un alto directivo de la filial española de una tabaquera extranjera destinada a labores de distribución y marketing en nuestro país.

El implicado en cuestión aprovechó una promoción en los estancos por la que con el cartón de tabaco se regalaba una bebida alcohólica para crear una compañía fantasma a nombre de su mujer, de manera que metía un diferencial al precio de las botellas que se embolsaban directamente.

“Es una práctica difícil de detectar”, afirma López Andreo. “Lo que hacía es en el presupuesto final de la promoción de la marca bajar, por ejemplo, el número de mecheros con lo que la cantidad final cuadraba”.

Otro de los casos recurrentes es el de empleados fantasmas. En este sentido, las empresas con mucha rotación presentan más riesgo que las empresas públicas o con platillas reducidas. Así, un director de Recursos Humanos dio de alta en nómina a familiares que cobraban un sueldo y que luego no trabajaban. “Esto es fácil de hacer en empresas con un alto número de empleados donde realmente no se sabe quién es quién”.

Finalmente, los casos de soborno y corrupción tienen como fin obtener concesiones, licencias y ventajas, mayormente en países donde este tipo de prácticas forman parte de la cultura local. Por ejemplo, PWC ha descubierto una empresa del sector tecnológico que en un país africano pagaba a una compañía local que supuestamente actuaba de comisionista el 7% de cada factura con el fin de que contara con fondos para pagos y sobornos a funcionarios.

La policía desarticula una banda que blanqueó 13 millones en tres años

os tiempos cambian, pero algunos delitos y delincuentes permanecen. La Jefatura Superior de Policía de Barcelona informó ayer de una de esas operaciones clásicas, en las que se describe que una persona sin escrúpulos ha podido blanquear más de 13 millones de euros en los últimos tres años y que a punto estuvo de estafar otros 7,2 millones a un club de futbol de Primera División a través de unos pagarés aprovechando el traspaso de un jugador.

Parte del botín ha sido localizado en Andorra y está inmovilizado.

Meses atrás entró en España un camión de tabaco sin declarar

El acusado se llama Xavier García Cardó, tiene 40 años y residía en un lujoso chalet de Sant Cugat del Vallès hasta que el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona lo envió a prisión hace unos días. Junto a él han sido arrestadas otras tres personas que actuaban bajo sus órdenes y que, según la policía, eran pura comparsa: el conductor de un camión cargado de tabaco de contrabando, el informático que diseñó una página web para dar visos de credibilidad a una de esas operaciones delictivas y un ciudadano desarraigado que se ha venido prestando a actuar de testaferro a cambio de 100 o 200 euros por trabajo realizado.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo Tercero de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona y se inició hace más de un año. Tres empresas de servicios situadas en un mismo edificio de la ciudad denunciaron entonces que habían desaparecido del servicio de correos tres pagarés que sumaban 100.000 euros. Se desconoce cómo se produjo el robo, pero de lo que no hay duda es que los pagarés fueron cobrados por unos testaferros que posteriormente los ingresaron en las cuentas de unas sociedades pantalla, según se supo después.

La segunda fase de la operación se centró en otra sociedad empleada para introducir en España un tráiler cargado con 17 palés de tabaco de importación que no fue declarado en la Aduana. La tercera y más curiosa, consistió en intentar estafar al club de futbol Racing de Santander 7,2 millones de euros por el traspaso al Valencia del jugador serbio Nikola Zigic, que cambió de club en el verano de 2007.

La policía explica que el acusado estuvo casi dos meses negociando con un representante del Santander para que el club le entregase dos pagarés procedentes del traspaso del jugador para que el club los cobrase antes de su vencimiento. Para dar fiabilidad a la operación, el ahora detenido ofreció como anzuelo una página web falsa de un banco de Nueva Zelanda, también inexistente, a través de la cual el Racing podría verificar que los pagarés se le habrían abonado, tal como se prometía, a través de unas claves secretas empleadas en estos casos. La policía de aquel país confirmó que no existía ni el banco ni la página web y la estafa se truncó. "Cuando la estafa estaba a punto de consumarse tuvimos que actuar, porque el dinero se habría esfumado y el perjuicio causado al club sería irreparable", explica un portavoz policial. Y así fue como Xavier García Cardó ya fue detenido en julio del año pasado por un delito de estafa en grado de tentativa, y puesto en libertad unos días después.

Estirando de ese y de otros hilos y en colaboración con la Agencia Tributaria, la policía detectó otras 29 cuentas bancarias en 16 entidades de crédito distintas, en las que en los últimos tres años han entrado 13 millones de euros en pagarés y cheques.

El dinero desaparecía en un entramado de sociedades y paraísos fiscales controlados por el detenido. "Para seguir la pista de esos más de 200 pagarés o cheques haría falta un ejército de agentes", asegura la policía, aunque una parte del dinero sí que se ha localizado en Andorra y lo tiene inmovilizado.

Tres años sin declarar

Xavier García Cardó y su esposa llevaban tres años sin realizar la declaración de renta ni del patrimonio, pero su elevado tren de vida levantó las sospechas en Hacienda de que podían estar utilizando empresas pantalla, como así ha sido.

Suele ser habitual que este tipo de delitos y de delincuentes hagan ostentación de su prosperidad disfrutando de diversas y lujosas mansiones o conduciendo vehículos de alta gama. Este caso no es una excepción.

Todas esas propiedades estaban también a nombres de sociedades pantalla, pero ese viejo truco es tan antiguo que ya no sirve para encubrir la realidad. La policía registró la casa del detenido en Sant Cugat y se incautó de documentos que avalan la trama. Cinco de los lujosos vehículos y cuatro inmuebles situados en diversas poblaciones han sido intervenidos por la Justicia, además de 45.000 euros y numeroso material informático.

Es la cuarta vez en los últimos años que García Cardó es detenido por la policía, aunque parece que en esta ocasión no saldrá de la cárcel tan rápidamente. El primer arresto se produjo cuando se le acusó del robo de los pagarés de las empresas, después se le relacionó con el camión de tabaco de importación y, finalmente, con el intento de estafa al Racing de Santander. La policía asegura que la actividad de García Cardó arranca en 1999, pero nunca como ahora, dicen, tenían tantas pruebas contra él.

Apropiación indebida, corrupción y manipulación contable, núcleos del fraude

La apropiación indebida de activos (28%), los sobornos y la corrupción (13%) y la manipulación contable (11%) representan los fraudes más repetidos en las empresas españolas, según muestra un estudio de PriceWaterhouseCoopers

En momentos de recesión económica como el actual, las motivaciones de determinados agentes para cometer fraudes se incrementan debido, fundamentalmente, a la exigencia por mantener el resultado económico de las compañías, así como la consecución de los objetivos previstos o establecidos.

Esta es la principal conclusión del Informe sobre delitos económicos y fraude empresarial en España, elaborado por PricewaterhouseCoopers, a partir de la encuesta global, realizada entre julio y noviembre de 2009, que contó con la participación de 54 países y más de 3.000 encuestados. Pese al aumento de acciones reguladoras y a los controles antifraude introducidos en los últimos años, el delito económico, en cualquiera de sus categorías, continua siendo una amenaza que afecta a las compañías.

El 53% de los encuestados declara que el número de delitos en España se ha incrementado respecto al año anterior, frente al 40% en Europa y al 43% a nivel global. El informe destaca que estos datos indican que existe una mayor correlación entre crisis económica y fraude en España que en el resto de países.

Aún así, los directivos españoles se muestran divididos ante este asunto ya que el 51% declara que dicha correlación es inexistente, mientras que el 49% afirma lo contrario. Las principales motivaciones a la hora de perpetrar un fraude económico en las compañías españolas son la voluntad de mantener, por parte del defraudador, su actual estilo de vida, la imitación de conductas irregulares por debilidades del entorno de control, o el enriquecimiento o la venganza a costa de su organización, entre otros muchos factores.

Las compañías españolas han padecido el mayor incremento en número de delitos económicos en los últimos 12 meses (53%) y, por contradictorio que parezca, los directivos afirman que desconocen el número de fraudes financieros en sus compañías: así lo declara un 24% en comparación con el 7% de sus homólogos europeos.

El 25% de los profesionales españoles desconoce la frecuencia con la que sus compañías han realizado evaluaciones de los riesgos de fraude en el último año. Y tan solo un 18% de los encuestados ha manifestado contar con una política de gestión del riesgo de fraude o haber llevado a cabo evaluaciones de estos riesgos en los últimos 12 meses. Por lo que se refiere a las herramientas más utilizadas para la detección del delito económico destacan significativamente las denuncias, tanto internas como externas, seguidas de la gestión de riesgos y la monitorización de transacciones sospechosas, y de la función de auditoría interna.

El estudio identifica tres hechos que elevan el riesgo del fraude. El primero de ellos es la disminución de los recursos humanos disponibles y su focalización hacia áreas “más relevantes”, lo cual conlleva una reducción de los recursos internos dedicados a la lucha contra el fraude. El segundo está relacionado con que la falta de recursos económicos implica una disminución de la inversión en el fortalecimiento de los controles y sistemas informáticos que permiten una temprana detección de irregularidades. Por último, la dificultad para el cumplimiento de los objetivos y la presión por resultados, así como la consecución de bonus o retribución variable,, también actúan como posible impulsores de casos de fraude o delitos económicos.

Cara factura

El coste medio en empresas nacionales de los casos de fraude detectados superó los 730.000 euros en los últimos doce meses, sin tener en cuenta los daños en su imagen o en la motivación de sus trabajadores. Éstas mismas empresas consideran que, a diferencia de los directivos europeos, los delitos en los últimos 12 meses les han impactado en su negocio de forma muy significativa. Esta diferencia se debe, principalmente, a que, en España, el perfil del defraudador pertenece habitualmente a la alta dirección mientras que en el caso europeo está asociado a mandos intermedios. Además, la mayor confidencialidad con la que se trata dichos asuntos en las empresas españolas provoca que, cuando se hace público, el impacto mediático sea superior al de las compañías europeas.

Como conclusión más relevante, la encuesta muestra que el fraude económico (en cualquiera de sus categorías: apropiación de activos, corrupción y manipulación contable, etc.) continúa siendo una amenaza que afecta a las compañías de todo el mundo, a pesar del aumento de acciones reguladoras y de los controles antifraude introducidos por las compañías en los últimos años. Es por esto que, en el actual contexto económico y ante el aumento de los casos de fraude detectados y su impacto, se hace aún más necesario invertir en medidas de prevención que minimicen los daños y eviten un aumento de la presencia de estos delitos en las compañías.

Para Javier López Andreo, director responsable de Forensic Services de PricewaterhouseCoopers, “los delitos económicos ocasionan variadas repercusiones, por un lado encontramos el perjuicio económico directo causado por el defraudador, y por otro lado se producen otros impactos económicos y sociales indirectos. De hecho, éstos últimos son si cabe los más graves y más difíciles de cuantificar ya que, según nuestro estudio, los participantes españoles consideran que el impacto de un delito económico en la imagen de sus compañías y en la motivación de sus empleados es altamente significativo y habitualmente, en mucha mayor medida que el importe defraudado.

Si los directivos españoles ignoran las amenazas reales que supone el fraude y descuidan las medidas preventivas y los controles anti-fraude en sus compañías los daños pueden ser muy significativos o incluso, a veces, irreversibles.”

La crisis aviva las estafas

Con la crisis económica, los timos y fraudes están aflorando, ya que numerosas personas con dificultades monetarias se aferran a cualquier promesa para ganar dinero fácil.

En la provincia se están detectando nuevas estafas, muchas de ellas piramidales como es la Rueda de la Fortuna o las células de colores. Y es que la Policía Nacional de Castellón ya ha detenido a cuatro personas en la provincia y al presunto cabecilla de esta red, que es un hombre que se desplazaba desde Tarragona, donde vive. Los agentes llevan dos años investigando y atribuyen este mismo tipo de actuación a estos detenidos con engaños a terceros. Un total de 15 castellonenses han denunciado los hechos. Sin embargo, la Policía Nacional advierte de que son más de 65 las posibles víctimas de los presuntos timadores, que habrían conseguido en dos años un botín de más de 60.000 euros.

Expertos en criminología consultados por Mediterráneo aseguraban que “es un sistema de regalos”. Lo que parece ser, de entrada, un método fácil para obtener dinero, en el fondo “recuerda a las estructuras piramidales e incluso se acercan ya al sectarismo”. El funcionamiento del negocio empieza con reuniones periódicas de captación de miembros. En Castellón se han localizado citas en varios chalets de Benicàssim, con una participación bastante masiva, “con alrededor de 50 personas”, así como en Alcalà de Xivert, en Vila-real o en la Vall d’Uixó.

Fuentes policiales explicaron el sistema: “Para entrar, los candidatos --que han sido invitados por un familiar o amigo-- aportan 5.000 euros con la promesa de obtener al final 40.000. Para conseguirlo, estos deben introducir a dos personas más que aporten la misma cantidad”. Y añadieron que “la rueda debe estar formada por 15 personas, y los ocho últimos candidatos ingresan 5.000 euros cada uno. Los 40.000 son el regalo que le hacen a un miembro del grupo. Cuando uno de los noveles consigue a dos aspirantes, pasa al nivel amarillo y cuando sus dos amigos consiguen a un par más cada uno, sube a la fase azul. Al final lograría los 40.000, regalados por los últimos, y saldría fuera del círculo”.

También destacaron que “si el volumen de dinero es suficiente, podría tratarse de un delito contra la Hacienda Pública, y el juez tendría que ver si es estafa o fraude fiscal”. Y es que “sus creadores tienen gran influencia y se aprovechan de gente vulnerable”.

TESTIMONIO

Según contó a Mediterráneo un testigo de dos de estas reuniones de la Rueda de la Fortuna que se practicaron en Benicàssim o en la Vall d’Uixó, “en ellas un líder explica cómo funciona el sistema apelando a la responsabilidad de los que quieren entrar”. Este cabecilla indicó, según el testimonio de un testigo, que “la gente debe confiar en los que están dentro. Hay que poner dinero y amigos; si quieres recibir, debes llevar a gente. Es el premio a la amistad”, decía.

Otro elementos clave en el discurso del presunto timador fue la discreción. “Se está moviendo dinero no certificado y mejor que no llegue a según qué personas, y si llega no pasa nada, son regalos”. Tal y como recalcaban los expertos, “con la crisis, muchas personas caen en el engaño piramidal: son los fraudes propios de la avaricia humana”.

Para la Policía Nacional este engaño finaliza “siempre” con la huida de los estafadores con el dinero y dejan al resto de personas que han entrado en el “sistema” sin cobrar nada. Esto mismo es lo que ha sucedido, según el Cuerpo Nacional de Policía, con los cuatro últimos arrestados en Castellón por timar a más de 65 personas durante dos años. “A medida que va creciendo el sistema se acerca su final, ya que llega un momento en el que ya les resulta muy difícil engañar a gente nueva

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